En una nota, la Consejería de Salud y Consumo ha indicado que el Área de Gestión Sanitaria se ha puesto a disposición del profesional afectado, un celador del centro, todos los recursos necesarios, y ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario está considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

Los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz cuentan con un Plan de Prevención y Atención de Agresiones, cuyo objetivo último es intentar reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias. Este plan cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

Tanto desde el Área Sanitaria como desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo han condenado públicamente los hechos y han mostrado su apoyo a este profesional, así como al resto de personal de este centro sanitario.