El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado por un importe de 9,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 139 kilómetros de la red de carreteras del Estado, incluyendo 43 kilómetros de autovías, en la provincia de Cádiz.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha informado el Ministerio en una nota.

Este contrato recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. También incorpora proyectos específicos de obras de repintado de marcas viales y actualización de la señalización vertical en varias carreteras.

Este contrato, que finalmente abarcará 142,7 kilómetros de carreteras cuando entren en servicio todos los tramos en construcción, se enmarca en el programa de mantenimiento de Mitma para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Las actuaciones se desarrollarán en varios tramos de la autovía A-7, que discurre por Algeciras, en la CA-34 de San Roque-Campamento, y en varios tramos de las carreteras N-340, N-350, N-351 y N-357.

Además, este contrato incorpora dos proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía, con el repintado de marcas viales y la actualización de la señalización vertical en varios puntos kilométricos de las carreteras A- 7, N-340, CA-34, N-351 y N-357.

El modelo de contrato mixto (de servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.