El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirígidas de alta velocidad. Esto permitirá el decomiso de las famosas "narcholanchas" aunque no lleven droga o tabaco cuando sean detectadas.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, tras reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya anunció que el Ejecutivo ultimaba un real decreto para prohibir las "narcolanchas". El decreto se ha convertido finalmente en un anteproyecto de reforma de la ley de represión del contrabando.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este anteproyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha abordado el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El objetivo, según el Gobierno, es contar con una herramienta jurídica para luchar contra las embarcaciones que habitualmente usan las mafias para introducir en las costas españolas género de contrabando, principalmente hachís de Marruecos y tabaco de Gibraltar.

"El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza", ha recalcado la ministra.

El Ejecutivo ha explicado en un comunicado posterior que resulta muy difícil actuar contra estas mafias si no llevan carga ilícita. La nueva norma permitirá recurrir a parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación o su titularidad, para incautarlas, incluso en tierra.

Su posesión, fabricación, circulación, importación, exportación o rehabilitación constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros. Por el contrario, si se supera esa cantidad, será un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.

La nueva norma afecta a embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra si existen indicios de que pueden ser utilizadas para contrabando.

Quedan fuera de la prohibición las embarcaciones adscritas a organismos y entidades públicas, las extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las de organizaciones internacionales y las auxiliares de una embarcación principal. Estarán asimismo libres de la prohibición, con una autorización previa y tras ser inscritas en un registro, las embarcaciones en labores de salvamento y de asistencia marítima, las que se utilizan para navegar en aguas interiores o fuera de los espacios marítimos españoles; y las de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación.

También se podrán registrar embarcaciones de recreo de uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos de seguridad, técnicos y de comercialización.