Cepsa congela sus inversiones en hidrógeno verde en España por la amenaza del 'impuestazo'

Planta Química Puente Mayorga - Cepsa

Cepsa ha decidido poner en 'stand-by' sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España debido a la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país, ante la posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas pueda convertirse en un gravamen permanente, y estudia priorizar los proyectos internacionales.

Fuentes de la compañía, la segunda petrolera del país, explica que está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente, y subrayan que, si esto se materializa, provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico 'Positive Motion'".

El grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto emblema con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, y convertir a España en un país exportador de energía sostenible.

Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Según adelanta este viernes el diario 'Expansión', Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España por culpa del llamado coloquialmente como 'impuestazo'.

La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca. Inicialmente aprobados para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años por esta partida. Cepsa sigue así los pasos de Repsol en su oposición frontal a la posibilidad de que este tributo pueda perpetuarse en el tiempo.