Paredes ha señalado que la Consejería de Salud y Familias “tiene tolerancia cero” ante las agresiones a sus profesionales, sean cual sean su naturaleza, física o verbal, y ha recordado que están tipificadas como delito. Así, ha apuntado que “el mínimo episodio de violencia es suficiente para que salten nuestras alarmas y no cejemos en el empeño de acabar con esta lacra que afecta a nuestros profesionales”.

La delegada ha resaltado el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, en vigor desde el pasado año, cuyo objetivo último es reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias.

En virtud de este plan, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asisten a todos los profesionales agredidos, solicitan la reparación económica integral por la agresión sufrida por el profesional. Igualmente, en los casos que proceda, se solicita la medida de alejamiento del agresor.

Además, se realiza una valoración exhaustiva de los daños causados en los centros sanitarios y de los gastos derivados de la posible baja laboral del profesional afectado y de su sustitución por otro trabajador.

En este sentido, la Consejería de Salud y Familias promueve modificaciones normativas para posibilitar medidas sancionadoras para los usuarios que cometan agresiones. Estas medidas incluyen sanciones económicas proporcionadas al daño causado por el agresor y, en caso de insolvencia, plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a realizar por el agresor.