Según han indicado a EFE fuentes de la compañía, la reunión telemática de la multinacional y ATA, con el arbitraje del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), no ha servido para acercar posturas sobre el nuevo convenio colectivo de los 1.800 trabajadores de la planta, sobre el que se lleva negociando desde hace un año.

Tampoco ha servicio para evitar que siga su curso judicial la demanda de la empresa, que ha denunciado a ATA porque considera que la huelga es ilegal, ya que entiende que ha roto el compromiso de paz social acordado entre la empresa y los sindicatos, firmado en el Sercla celebrado el 25 de abril de 2023, mientras estuvieran abiertas las negociaciones.

En su denuncia, la empresa reclama a ATA 225.000 euros diarios (180.000 por las pérdidas de producción) y 45.000 por daños), según las fuentes de la compañía.

El sindicato, por su parte, defiende la legalidad de la huelga, ya que tuvo el respaldo masivo del 85 % de los trabajadores que acudieron a la votación tras una asamblea celebrada la semana pasada.

UGT, CCOO y USO, otros sindicatos con representación en el comité de empresa, han iniciado ya los trámites burocráticos para sumarse a la huelga, que contará mañana su quinta jornada de huelga.