Sánchez ha aclarado, en este sentido, que "así lo recoge el Artículo 10.2 de la Estrategia en la tabla donde se identifican los administraciones y organismos implicados" y ha explicado que "en dicha estrategia nacional en la que participa las comunidades afectadas y que se aprobó en la conferencia sectorial de Medio Ambiente del pasado 28 de julio deja muy clara las competencias de las distintas administraciones en la gestión integral de esta especie invasora".

En un comunicado, el delegado territorial ha señalado que "tan solo hemos participado en las dos sesiones que se han celebrado para abordar toda esta problemática y en la que hemos aportado propuestas que finalmente no se han aprobado".

En cuanto a la información publicada en estos días donde se ponía el acento en quien debía retirar los arribazones de las playas, el delegado ha querido ser tajante y rotundo afirmando que, "aunque este problema es mucho más complejo que lo que se quiere dar a conocer, en ese apartado en particular, la tabla de competencias aprobadas en la estrategia deja muy claro que el control y la eliminación en el dominio público marítimo terrestre, o sea en las playas, corresponde a la Dirección General de la Costa y el Mar".

Así, Sánchez ha añadido que "todos entendemos que la gestión integral de esta especie va mucho más allá que la mera recogida en las playas, ya que hay muchas autoridades implicadas en la gestión y en las competencias asociadas, ya sea en el medio marino, en espacios protegidos o en el medio natural".

Por ello, una vez aprobada la estrategia, la Junta aprobará el Plan de Gestión de la Especie (ya en redacción), conforme a las directrices marcadas por dicha Estrategia Nacional. "Es fundamental abordar la problemática desde todos los puntos de vista y en profundidad", ha defendido el delegado territorial.

Entre las alegaciones presentadas por los miembros de la comunidad autonómica en el grupo de trabajo, hay un punto trascendental para el desarrollo de los futuros proyectos de valorización de los arribazones.

Rugulopterix okamurae ha sido incluida recientemente en el listado de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (DOUE L186/10 de 13/07/2022), lo que obliga a que cualquier medida de gestión de estas especies deba tramitarse conforme al Reglamento de la UE 1143/2014, como así lo recoge la Estrategia, que contempla el trámite de autorización a través de los artículos 7, 8 y 9 de dicho Reglamento, no considerando viable el trámite a través del artículo 19.

Según el artículo 9 del Reglamento 1143/2014, los Estados miembros podrán expedir permisos previa autorización de la Comisión, por motivos imperiosos de interés público. Para ello, todo el trámite administrativo de autorización debe pasar a través de la Comisión con el consiguiente retraso administrativo para dar viabilidad a iniciativas empresariales en la zona.

Daniel Sánchez ha explicado que "el modelo en el que trabaja la Junta de Andalucía en el borrador del Plan de Gestión ya en marcha, es muy parecido al que se aplica para el cangrejo rojo, una especie ampliamente propagada también y que deja a la administración competente la autorización para la comercialización".

En este sentido, ha defendido que "la Junta de Andalucía siempre ha reclamado que el Gobierno central arrime el hombro con ayudas para los sectores productivos más afectados, como sí ha hecho la Junta Andalucía con los pescadores donde por segundo año consecutivo ha puesto dinero encima de la mesa para que se puedan acoger a las ayudas por el daño producido por el alga".

"Son muchos los ayuntamientos afectados y el daño que sufre el turismo que visitan nuestras playas, para que no se haya aprobado un paquete de medidas económicas desde el gobierno central en todos estos ámbitos", ha concluido Daniel Sánchez.