Representantes de la Junta de Andalucía y de cinco ayuntamientos de la provincia de Cádiz han firmado hoy en la Subdelegación del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, en Algeciras, los convenios correspondientes al desarrollo del programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. 

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, acompañada de la subdelegada del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y del delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andréu, han estado presentes en el acto de rúbrica de estos convenios, junto a varios alcaldes y representantes de las corporaciones locales firmantes: Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Conil de la Frontera y Los Barrios.

Dentro de este programa, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aportará en la provincia de Cádiz 2.055.246 euros en el marco temporal de 2019-2020, para que los ayuntamientos de estas localidades continúen con el desarrollo de este programa, que prorroga así su vigencia dos años. Esta aportación sirve para contribuir al sostenimiento del apoyo técnico necesario.

En el acto de firma, presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre ha destacado “la importancia de estos convenios para dotar a los ayuntamientos de un recurso muy necesario para estas familias y para los menores y el gran esfuerzo de las administraciones para aportar medidas dirigidas a los más desfavorecidos y para tener una sociedad más justa, donde las oportunidades les puedan llegar a todos”.

Por su parte, el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andréu, ha indicado que, con este programa, “intentamos hacer que se minimicen los factores de riesgo respecto a la situación de estas familias, que sean autónomas y que los menores estén bien atendidos”.

Asimismo, desde la Junta se ha hecho referencia a la importancia de que con este instrumento las instituciones sean capaces de trabajar de manera conjunta para solucionar problemas concretos de las familias que están en esta situación, remarcando el compromiso total del Gobierno andaluz con la ayuda a las familias y con la prevención y la protección de los menores.

En la provincia de Cádiz, esta iniciativa se lleva a cabo a través de 16 convenios, 15 de ellos con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como con la Diputación Provincial (que representa a los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes), quienes diseñan los programas y los desarrollan a través de 22 Equipos de Tratamiento Familiar compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares. A estos 69 profesionales se suman 16 personas colaboradoras, haciendo un total de 85 efectivos.

Gracias a este programa se ha podido atender durante 2018 en la provincia de Cádiz a 1.314 familias con 2.419 de menores.

El programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen esta situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores, con una doble finalidad. Por un lado, preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores.

Con este programa se persiguen además varios objetivos como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o maltratante, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada y los menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, además de proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.