En declaraciones a los medios de comunicación a su salida del juzgado, el secretario general del sindicato Asociación de Trabajadores del Acero (ATA), José Antonio Gómez Valencia, uno de los cuatro imputados, ha indicado que la denuncia fue formulada por el cuartel de la Guardia Civil de Los Barrios tras producirse un accidente leve en uno de los cortes de la autovía A-7 protagonizados por la plantilla en el marco de sus movilizaciones, que afrontan este lunes el décimo quinto día de huelga indefinida.

Ha considerado que la imputación responde a un caso de "persecución sindical", ya que los únicos cuatro imputados por el accidente en la autovía son representantes de ATA, el sindicato que convocó en solitario el pasado 5 de febrero la huelga indefinida a la que se han sumado el resto de centrales sindicales del comité de empresa.

Sin embargo, ha advertido de que esta circunstancia no va a minimizar sus movilizaciones: "Al final o que nos están dando es más fuerza para seguir y que la gente nos apoye más. Cuantas más trabas nos pongan, más unidos vamos a estar. Lo único que hacen es hacernos más fuertes", ha afirmado el dirigente de ATA.

Los representantes sindicales, que han contado con el respaldo de centenares de trabajadores de la acería concentrados a las puertas del juzgado, han anunciado nuevas movilizaciones "de mayor calado".

Así, el jueves han sido invitados al Parlamento Andaluz, para elevar sus reclamaciones a través de una representación del comité de huelga, y ya han inicado los trámites para los permisos de cara a una movilización que proyectan frente a las oficinas centrales de Acerinox en Madrid.

"No vamos a parar hasta que la empresa se siente a negociar", ha dicho Gómez Valencia, que ha subrayado que "somos 1.800 familias que estamos padeciendo una huelga, que no estamos cobrando, por lo que vamos a seguir defendiéndonos".

La plantilla de Acerinox vive ya 15 días de huelga, con las negociaciones enquistadas por las posturas inamovibles por ambas partes.

El pasado viernes, Acerinox aseguró en un comunicado que mantenía firme su voluntad de negociar y defendía que las propuestas planteadas para mejorar la rentabilidad de la planta no vulneran el estatuto de los trabajadores, mientras que desde ATA, por su parte, han afirmado que se trata de un "atentado a los derechos de los trabajadores".