
Pro Derechos Humanos cuestiona la necesidad del CIE, que el pasado año expulsó a ocho personas
Tal y como ha detallado Apdha en una nota, la asociación asegura que en el informe "llama la atención la evolución del número de personas migrantes expulsadas desde los Centros de Internamiento de Extranjeros, un total de 821 durante el año 2021".
En Algeciras, ocho personas, una persona albanesa, dos colombianas y cinco marroquíes es el balance total de expulsados, lo que supone tan solo un 0,97% de las personas deportadas desde los CIE del Estado español. Además, del total de personas que fueron internadas en el CIE de Algeciras (150), solo fueron expulsadas un 5,33%.
Para la organización, no es la primera vez que el CIE de Algeciras ostenta el primer puesto en con el menor número de personas migrantes expulsadas de los CIE ya que, según el informe del MNP 2020, en ese año tan solo 13 personas fueron deportadas, lo que supuso un 1,05% del total en el territorio nacional, 1.224 personas. También en 2019, los índices fueron muy bajos. A tenor de los datos del MNP 2019, un total de 173 personas migrantes fueron expulsadas, lo que representó tan solo un 4,60% del total nacional (3.758).
La organización se ha planteado si, desde el punto de vista económico y con estos datos en la mano, "es realmente es necesario tener un CIE en Algeciras, con el costo económico que ello supone".
"El centro de Algeciras dispone teóricamente de una plantilla de unos 55 policías, aparte de los servicios médicos, de catering y limpieza", han detallado antes de plantear "si es preciso gastar 26 millones de euros en la construcción del nuevo CIE, cuando existen otras necesidades más importantes y acuciantes para la ciudadanía del Campo de Gibraltar, como paliar la falta de personal en sanidad o la enseñanza, por no hablar de las dotaciones en materia de infraestructura, carreteras, conexión ferroviaria, entre otras".
Para Apdha, es importante no olvidar que, desde el punto de vista de los derechos humanos, "es una aberración tener un CIE para encerrar a personas migrantes que no han cometido ningún delito, con el único fin de expulsarlas, cuando en la mayoría de los casos esta expulsión no se produce".