El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha avanzado hoy en rueda de prensa que el Grupo Socialista preguntará al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia en el Parlamento andaluz sobre los hechos acaecidos en Barbate por el Plan Integral de Dinamización Social y Económica del Campo de Gibraltar, así como sobre la Oficina andaluza Antidroga que prometió que crearía el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla cuando era candidato a la Junta en 2018.

“¿Dónde está ese plan? ¿Qué programas de empleo o formación han desarrollado? ¿Cuántos recursos han destinado? ¿Cuál es el plus de profesores y profesoras que hay en el Campo de Gibraltar o en la provincia de Cádiz en materia de dinamización social y económica? ¿Cuántos centros de formación hay nuevos para luchar contra el absentismo y el abandono escolar?”, serán algunas de las cuestiones que planteen los socialistas para comprobar el grado de implicación de la Junta en la lucha contra la narcoeconomía instalada en muchos municipios de la zona litoral.

Ruiz Boix ha reiterado hoy sus críticas hacia la falta de compromiso real y serio por parte del Gobierno andaluz en la lucha contra el narcotráfico, criticando que “Sanz exija dimisiones y muchos medios cuando tanto él como Moreno Bonilla tienen mucha tarea pendiente” en materia de empleo, educación, formación y justicia en lo que respecta a la dotación de infraestructurales judiciales “totalmente abandonadas en la provincia de Cádiz”. “Solo basta con recordar las promesas en torno a las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jerez y Algeciras, o la reciente solicitud del decano de Algeciras que ha solicitado el desalojo de las dependencias judiciales de Los Marzales porque se caen a pedazos”, ha dicho apuntando hacia las carencias de los Juzgados de El Puerto de Santa María o las serias deficiencias en La Línea de la Concepción, Puerto Real y San Roque”. “No lo dice el PSOE, esta problemática así se recoge en la última Memoria del TSJA del año 2022”, ha subrayado para apuntar que el consejero Nieto sí avanza en infraestructuras judiciales en otras provincias, pero castigan a Cádiz que como se puede comprobar está muy necesitada de medios para hacer frente a las redes mafiosas.

El dirigente socialista también ha tirado de hemeroteca para sacar los colores a Sanz “el ministro del Interior de Andalucía”- en referencia a su etapa como delegado del Gobierno de Rajoy en la comunidad autónoma- al señalar “la herencia que le dejó a Grande-Marlaska” especialmente, en la merma que causó en las plantillas con recortes de hasta 350 efectivos en el Campo de Gibraltar, más de 1.600 en las provincias del litoral andaluz o 13.000 en toda España, perdiéndose 9 efectivos menos cada día. Al hilo, ha recordado que “pedían su dimisión y la de Zoido por dejarles desnudos en la lucha contra el narcotráfico que campaba a sus anchas”.

Frente a ello, ha defendido la incorporación de 3.690 efectivos que se han sumado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde 2018. Así, Ruiz Boix ha repetido las cifras positivas del balance del Plan de Seguridad ofrecidas por el ministro en la mañana de “aquel fatídico día” como las más de 22.000 operaciones policiales desarrolladas, los casi 20.000 detenidos, la incautación de 1.700 toneladas de droga, el incremento en un 16 por ciento del número de efectivos en acuartelamientos y comisarías o los 80 millones invertidos en mejoras de medios humanos y materiales”.
Ruiz Boix se ha mostrado convencido de que esta semana de comparecencias en las Cortes Generales donde el PP trata de “sacar tajada política de un hecho dramático” el ministro del Interior sabrá responder a cuantas cuestiones se le planteen por parte de los grupos, así como arrojará toda la luz posible a las investigaciones que se están acometiendo para aclarar lo sucedido. “Vamos a defender su gestión porque es buena ya que nunca se ha invertido tanto, pero somos conscientes de que cuanto más se aprieta al narco, de mejores recursos se dotan y elevan su nivel de violencia por esa presión policial”, asegura al mismo tiempo que señala que “también vamos a elevar la voz para que el Gobierno siga teniendo la misma sensibilidad hacia esta zona y ante esta nueva situación de un mayor recrudecimiento en la lucha, incremente los medios y los recursos destinados, adaptándolos a su mismo nivel”.

Entre las cuestiones que el dirigente socialista plantea a la Junta también se encuentran los puertos de su competencia “pues resulta que el puerto donde sucedió la tragedia el viernes día 9 de febrero, el puerto de Barbate, es un puerto cuya competencia recae en las espaldas del señor Moreno Bonilla, resulta que es un puerto cuya competencia recae en las espaldas del señor Sanz y hemos leído en los últimos días como la policía portuaria de los puertos andaluces viene denunciando la falta de recursos”. “Y no lo digo yo, lo dice su representante, el jefe de la zona de Poniente en Cádiz, que señala que solo hay un festivo para los puertos de Poniente que son Sanlúcar, Chipiona, Rota o Puerto América y solo nueve solo hay nueve efectivos para la zona de Levante que son Conil, Santi Petri y Barbate, solo nueve efectivos y que dice que nada más que cuentan y lo dice él, no yo, con un puñetero teléfono”, explica.

A su juicio, “tienen vendidos a esos 20 agentes de los puertos de Levante y poniente de la provincia de Cádiz, esa es la realidad con la que trabaja el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla y el antiguo ministro de Interior andaluz, el señor Sanz”.

En otro orden de asuntos, Ruiz Boix ha sido especialmente crítico con la Diputación que el miércoles celebra el pleno ordinario de este mes de febrero y en el que se plantea una nueva modificación del Presupuesto para este año que responde únicamente al interés político del PP de mantener la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, después de que uno de sus socios de gobierno, Los Barrios 100×100, expulsara del gobierno local a los concejales del PP y amenazara con romper el pacto que permite al PP gobernar en dicho ente. Ha apuntado a los 500.000 euros de esa modificación para amarrar el pacto advirtiendo de que “hasta que no paguen no volverán al gobierno municipal porque no se fían”.

Además de incidir en que, como dijo Ana Carrera el pasado Viernes, “la Diputación no puede ser el cajero automático del PP para pagar pactos y beneficiar a sus ayuntamientos”, Ruiz Boix considera que la institución provincial es como la “casa de los líos” en referencia a los sucesivos decretos para intentar establecer una estructura de funcionamiento y reparto de competencias por las luchas internas entre la presidenta Almudena Martínez, el portavoz Ortiz y el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el socio Juan Franco. “Esas luchas se siguen manteniendo en el tiempo y estos días se han sucedido nombramientos y ceses de puestos directivos mientras cunde el desánimo entre los funcionarios y empleados de la Diputación por este galimatías que tiene paralizada la gestión administrativa”, ha venido a denunciar.

Siete meses después de llegar al Gobierno de la Diputación, para el secretario general de los socialistas gaditano “hay una grave parálisis administrativa y una falta de liderazgo político que sufre esta provincia y especialmente sus ayuntamientos y ELA`s, que a día de hoy siguen reclamando una convocatoria del Consejo de Alcaldes donde los alcaldes y alcaldesas puedan elevar sus demandas y reivindicaciones para que sean escuchadas y atendidas en unos Presupuestos de la Diputación que, ya dijimos desde el PSOE, dan la espalda a los municipios y no contemplan planes especiales de empleo y planes de inversiones”.
Ha sido muy incisivo con la figura de David Gil, presidente del PP de Los Barrios y “asesor VIP que cobra más de 65.000 euros pero nadie sabe a qué se dedica tras haber sido apartado de sus funciones en Presidencia y al que mantienen solo por el deseo de un Antonio Sanz que todavía influye en el PP de Cádiz”. “No tiene competencias, no tiene interlocución con la presidenta, qué pinta el anterior delegado de Agricultura en el Gobierno de Almudena Martínez”, cuestiona.
Por otro lado, respecto a las marchas de protesta previstas en el sector del campo, Ruiz Boix ha anunciado que el PSOE planteará una iniciativa en los plenos de todas las instituciones en defensa de los agricultores en la que entre otras medidas figuran, “seguir impulsando y reforzando el despliegue de políticas públicas que protejan al sector agrario de España así como reducir la carga administrativa con el fin de simplificar los trámites burocráticos, para agricultores, ganaderos y también los pescadores, cumpliendo los mismos entandares normativos”.
El PSOE, según ha explicado, comparte la necesidad de “asegurar que los productos que proceden de las importaciones cumplen rigurosamente con los estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria que ya cumplen los productores europeos”. En esta línea, desde el Ministerio seguirán impulsando, en el seno de la Unión Europea, la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales que garanticen la reciprocidad en el cumplimiento de la normativa europea de calidad. También plantean seguir estudiando, analizando y reforzando el Plan Estratégico de la PAC, para mejorar su aplicabilidad en nuestro país.