El Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) ha llevado a cabo en EL
Campo de Gibraltar durante el primer semestre del año un total de 2.730 actuaciones
de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social,
según las estadísticas de esta prestación que gestiona y ofrece de forma gratuita la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Además, en
Cádiz dispone de otra oficina que en estos seis primero meses del año ha realizado
2.811 actuaciones.

El objetivo principal de este servicio ofrecer una respuesta especializada e integral a
las necesidades específicas de las víctimas de cualquier delito en todos los ámbitos,
mediante una intervención de carácter interdisciplinar. En este sentido, el delegado
territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, Miguel
Rodríguez, ha destacado la importancia de esta oficina del Campo de Gibraltar porque
“permite a las víctimas de esta zona tener este recurso que es muy útil y de hecho
estamos trabajando ya para extenderlo a otros partidos judiciales de nuestra provincia
porque desde la Consejería de Juan Marín lo que se persigue es dar cobertura a todos
los ciudadanos para que con independencia de dónde vivan tenga acceso a los
mismos servicios”.

De esta forma, durante los seis primeros meses del año se beneficiaron es esta zona
de la provincia gaditana un total de 409 personas, que accedieron a un recurso
gratuito ubicado en sede judicial, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo
jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que así lo requieran. No obstante,
en total 487 fueron atendidas si se suman las personas que en algún momento
solicitaron algún tipo de información.

La gran mayoría de las personas atendidas siguen siendo mujeres, con un 94,62%, y
la franja de edad más habitual de las personas que acuden al SAVA es de entre 30 y
44 años (48,90%), seguidas de las de entre 18 y 29 años (27,87%). El 77,26% acabó
interponiendo una denuncia por los hechos que motivaron su asistencia, mientras que
el 18,09% decidió no hacerlo y el 4,65% optó por retirarla.
En cuanto a los delitos más habituales por los que se solicitó las prestaciones de este
servicio fueron: contra la libertad (43,08%), lesiones (36,95%) y contra la
Administración de Justicia (9,70%).