El consejero ha distinguido dos expedientes que, para organizar un evento de estas características, serían necesarios. Por un lado, el de la ocupación de espacio público para la instalación de una plaza de toros portátil y, por el otro, la preceptiva autorización del festejo por parte de Cultura, cuestión que, ha recordado, “tiene unos requerimientos y condicionantes” y para el que, hasta el momento, no se ha presentado documentación alguna.

Por ello, en los contactos mantenidos con el organizador de la corrida, la Consejería de Educación y Cultura advirtió de la casi imposibilidad de resolver todos los aspectos administrativos en apenas unas semanas, recordando igualmente que el periodo para tramitar el último expediente similar (en 1995) fue de cinco meses.

“Como Administración cumplimos la normativa”, ha subrayado el vicepresidente quien se ha referido a la inviabilidad del primer espacio planteado, el parque Urbano Juan Carlos I, por no contemplarse en la concesión firmada con la Autoridad Portuaria, que únicamente admite el uso de esta zona por terceros si la Ciudad organiza o participa en la organización de la actividad.

“Para el Gobierno de la Ciudad es una cuestión puramente administrativa. No debemos ni podemos negarnos a la organización de un evento que está perfectamente regulado por la una ley nacional. Si todo está perfecto y todo está correcto no habrá impedimentos a la celebración de una corrida de toros”, ha dejado claro Rontomé,