Así lo recoge en su respuesta a una queja que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) interpuesto en noviembre para dar solución a la dura situación que atraviesan estas personas al no poder regresar con sus familias debido al cierre de la frontera con Marruecos en marzo de 2020.

El documento remitido por la institución que dirige Ángel Gabilondo informa de que "se ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se facilite a los ciudadanos marroquíes el acceso a su país y el retorno a la ciudad autónoma, mediante la concesión de una autorización de regreso en el caso de ser necesario, a fin de poder reunirse con sus familiares y renovar su documentación".

Responde el Defensor que "se ha solicitado que no se exija documentación marroquí que sea imposible obtener en el actual momento para tramitar autorizaciones de residencia o de trabajo", cuestión que desde la entidad se ha venido demandando que se pudiera realizar a través de la cédula de inscripción, para regularizar así la residencia y el permiso de trabajo de las 500 personas que se encuentran atrapadas en Ceuta.

Asimismo se pone de manifiesto la situación administrativa excepcional por la covid-19 en la que se encuentran estos hombres y mujeres, que los excluye del sistema y los dejan "sin posibilidades de construir una vida digna".

Estas personas, en su mayoría trabajadoras de hogar y cuidadoras, aunque también hay de otras profesiones, dependen de los acuerdos entre España y Marruecos, al encontrarse sin posibilidad de renovar su documentación caducada, "hecho que llevan denunciando desde hace más de seis meses, en las concentraciones de cada lunes ante el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno".

La APDHA se congratula no solo por el reconocimiento del Defensor del Pueblo de la situación que estos trabajadores transfronterizos llevan sufriendo "con graves consecuencias para su salud mental en estos dos años, sino porque se inste además a los organismos oficiales a que asuman sus responsabilidades".

La organización espera que estos trámites se realicen con la mayor brevedad posible ya que "son las propias trabajadoras las que llevan padeciendo el total desamparo de las administraciones públicas, a pesar de llevar cotizando y aportando al desarrollo del país desde hace más de 20 años, solo hace falta que desde la administración se cumplan las leyes".