Sanz ha dado estas previsiones tras participar en Madrid en la reunión que han mantenido alcaldes y representantes institucionales y sociales del Campo de Gibraltar con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informarles del acuerdo alcanzado el pasado miércoles en Bruselas.

A su salida de la reunión ha expresado el "optimismo moderado" y la "satisfacción prudente" de la Junta de Andalucía, puesto que el objetivo era alcanzar un acuerdo y no haberlo hecho habría supuesto "un auténtico caos y desastre para la comarca".

La Junta espera en cualquier caso a conocer "la letra pequeña" de este acuerdo, previsiblemente en octubre.

Sanz ha trasladado al ministro en la reunión varias peticiones, entre ellas una "fundamental" para exigir al gobierno un mecanismo que incorpore a la Junta de Andalucía "en la elaboración de la letra pequeña del acuerdo y en la aplicación práctica".

Y ha considerado lógica esta petición dado que la Junta tienen competencias en cuestiones medioambientales, sociales o de empleo.

Este mecanismo complementaría otro que también ha reclamado en el que el gobierno, la Junta y los alcaldes de la zona formen una comisión de seguimiento de los acuerdos.

La Junta cree que uno de los aspectos "clave" para conseguir "el objetivo de prosperidad compartida frente al riesgo de desigualdad compartida", era el asunto de la fiscalidad.

En su opinión "el equilibrio y la convergencia fiscal" no pasa solo por la aplicación a Gibraltar de al menos un 15 % en el impuesto de transacciones, sino por que la UE cree en el Campo de Gibraltar una Zona Económica Especial, con especial singularidad para La Línea de la Concepción.

Ello daría al Campo de Gibraltar, una fiscalidad "especial y atractiva" y supondría dar el salto "en relación con el equilibrio y la convergencia fiscal".

Por otro lado, Antonio Sanz ha subrayado que en el acuerdo no se mencionan asuntos relevantes para la zona, como el de la pesca, y hay "incertidumbre" en otros.

Entre las preocupaciones ha citado la actividad del 'bunkering' (suministro de gasolina a los buques en el mar) que son un riesgo para las industrias de la comarca o para la viabilidad del propuesto fondeadero exterior de la Bahía de Algeciras, porque podría haber uso y abuso de las aguas por embarcaciones asociadas a esa actividad.

La Junta y los alcaldes de la comarca han pedido también al ministro que el Gobierno dote de subvenciones para que el aeropuerto de Gibraltar disponga de Obligaciones de Servicios Públicos, para garantizar unos precios y "un verdadero uso conjunto y favorable para la ciudadanía del Campo de Gibraltar" de esta instalación.