MADRID. - El Gobierno español ha desvelado, en la documentación enviada a la Unión Euorpea, que un tercio de los habitantes de Gibraltar está utilizando los servicios públicos españoles así como sus infraestructuras pero sin contribuir fiscalmente al pago de los mismos. Por ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anuncia ante Bruselas que está tomando medidas contra estas personas y contra las sociedades pantalla que ocultan la titularidad de 3.000 inmuebles radicados en España. Estos datos constan en la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que España ha enviado a Bruselas a raíz del conflicto surgido este pasado verano con el Peñón de Gibraltar, después de que las autoridades gibraltareñas arrojaran al mar setenta bloques de hormigón de los que sobresalía ferralla para impedir la faena a los pescadores de Algeciras. España extremó los controles en la Verja, lo que ha provocado largas colas en la frontera con Gibraltar a lo largo de todo el verano y ha obstaculizado el contrabando de tabaco que de manera habitual venía produciéndose. Unas medidas que provocaron la protesta del primer ministro británico, quien telefoneó al presidente de la Comisión para pedirle una misión que revisara la actuación española. Sin embargo, esa llamada se contrarrestó con otra de Rajoy a Durao Barroso para pedirle que en esa misión incluyera una inspección sobre contrabando, blanqueo de capitales y fraude fiscal, así como con el envío de un memorándum con la problemática actual con Gibraltar, que ha sido ampliado la semana pasada para que las autoridades de Bruselas dispongan de toda la información necesaria antes de desplazarse al Peñón, algo que harán el 25 de septiembre. Solo tributan un 10 por ciento de las sociedades En esta documentación enviada a Bruselas, el Gobierno español detalla, además de los problemas medioambientales que está generando el Ejecutivo gibraltareño con los bloques de hormigón el búnkering, la situación que ha provocado el régimen fiscal aprobado por las autoridades del Peñón, lo que ha propiciado que sólo un 10 por ciento de las sociedades radicadas allí pagan impuestos. Por ello, España ha decidido y así se lo comunica a la Comisión, desarrollar medidas para "combatir el fraude fiscal originado en Gibraltar, tanto a través de sociedades 'pantalla' gibraltareñas que ocultan la titularidad de más de 3.000 inmuebles radicados en España, como de los más de 6.700 gibraltareños que manteniendo su residencia real, pero no fiscal, en España se benefician de los servicios sociales e infraestructuras españolas sin haber contribuido a los mismos". En la citada documentación se especifica que el régimen fiscal gibraltareño se caracteriza por la "opacidad", especialmente en el "impuesto de sociedades". Y para apoyar la argumentación, España utiliza datos del fisco británico, según los cuales hay 21.770 sociedades registradas en el Peñón, de las cuales sólo el 10 por ciento paga impuestos. "Debido a que la población de Gibraltar es de aproximadamente 30.000 personas, es obvio que gran parte de estas sociedades están constituidas por no residentes en Gibraltar que buscan la evasión fiscal a través de la deslocalización de empresas especialmente perjudicial para los países de establecimiento real de dichas sociedades", explica España ante Bruselas. Por este motivo, el Ejecutivo de Rajoy denunció ante la Comisión Europea en junio de 2012 la "ayuda de Estado ilegal e incompatible de las sociedades extraterritoriales de Gibraltar como consecuencia su régimen fiscal societario" y ahora se está a la espera de que la Comisión "abra un procedimiento formal de investigación a la mayor brevedad posible". España también relata a las autoridades comunitarias otra "importante violanción" que se produce desde Gibraltar como son los "tráficos ilícitos" de tabaco. Este delito se ha visto favorecido por el hecho de que Gibraltar está fuera del territorio aduanero comunitario  y no aplica el régimen común del IVA y los impuestos especiales. En este sentido, se aportan algunos datos como el hecho de que en 2012 Gibraltar importó 140 millones de cajetillas de tabaco, que contrastan con su población, que es de 30.000 personas; o que entre 2010 y 2012 las aprehensiones de cajetillas hayan aumentado un 213 por ciento. La tasa de congestión en la Verja copia la de Londres El Ejecutivo español deja claro que estos datos demuestran que es "necesario controlar los tráficos" en la Verja. "Son controles obligatorios e irrenunciables para nuestro país en ejercicio de sus responsabilidades ante la UE, plenamente adecuados al Código de Fronteras Schengen y guiados exclusivamente por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación", argumenta España. En este contexto, se expone también la posibilidad que está estudiando el Gobierno español de imponer un "tasa por congestión en la Línea de la Concepción" para reducir la congestión del tráfico entre el Peñón y España. Como ejemplo de una tasa de este tipo, el Gobierno recuerda que un sistema de esta naturaleza ya fue utilizado en la ciudad de Londres en 2003, y después del resultado positivo de ese "experimento" se ha introducido en otras ciudades europeas "con resultados apreciables". El Gobierno español relata en los textos enviados a Bruselas, junto con el daño medioambiental del lanzamiento de bloques de hormigón, la práctica del búnkering en aguas colindantes, que conlleva riesgos medioambientales por vender derivados del petróleo en medio del mar y la construcción de dos espigones con relleno de arena para realizar un proyecto urbanístico denominado "Eastside Project", lo que supone un cambio en la configuración marítimo-terrestre incompatible con el Tratado de Utrecht de 1713. Tras exponer todas estas afrentas, el Ejecutivo expone su preocupación por la "falta de acción del Gobierno británico" ante las actuaciones unilaterales de las autoridades del Peñón en materia pesquera y medioambiental y las repetidas violaciones de la normativa europea que dichas autoridades locales han permitido. Además, el Gobierno señala sus sospechas de que las autoridades locales de Gibraltar están tratando de "deteriorar las relaciones bilaterales hispano-britátnicas creando artificialmente motivos de fricción". España reclama la descolonización El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprovecha este conflicto para, una vez más, recordar, esta vez en el ámbito de la UE, que Gibraltar fue incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización así como las distintas resoluciones de Naciones Unidas que constituyen doctrina sobre la descolonización del Peñón. Sin embargo, recuerda que la predisposición del Reino Unido a acatar las resoluciones de la ONU ha sido siempre "nula". "El Gobierno de Su Majestad no se siente obligado por las Resoluciones de la Asamblea General y, por tanto, no negociará con el español sobre la base de las mismas". Esta fue la respuesta del secretario del Foreing Office Lor Stewart al secretario general de la ONU en 1969. Y a pesar que en las declaraciones de Lisboa (1980) y Bruselas (1984) en las que ambos gobiernos se comprometían a resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, esto no se ha producido. Incluso, tras el fin de las negociaciones sobre cosoberanía de 2001 a 2002, el Reino Unido se negó a seguir participando en el proceso de Bruselas. No obstante, Mariano Rajoy ha reiterado el llamamiento a reanudar la negociación bilateral sobre cuestiones de soberanía en su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2012.