La UE abrirá expediente a Gibraltar porque su impuesto de sociedades puede violar la ley

La UE abrirá expediente a Gibraltar porque su impuesto de sociedades puede violar la ley
GIBRALTAR. - La Comisión Europea abrirá este miércoles un expediente contra Gibraltar al sospechar que su impuesto de sociedades viola las normas de la UE, según han confirmado fuentes comunitarias, que apuntan que se abrirá un procedimiento de infracción por sospechar que este impuesto es en realidad una ayuda pública encubierta para conseguir que empresas que no operan en el Peñón fijen su sede social en él. Este expediente obedece a una denuncia que puso España contra el Reino Unido en 2012 y por lo tanto es previo a la problemática de las colas en la frontera. Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los royalties y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar.

Satisfacción de Landaluce

El diputado nacional del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su satisfacción por el anuncio realizado desde la Comisión Europea. Recuerda que fue el Gobierno español el que realizó la denuncia ante el evidente agravio comparativo que se produce a uno y otro lado de la verja respectos a las tributaciones de las empresas.7 Para el diputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, la colonia británica y su ministro principal, Fabián Picardo, están siendo obligados a quitarse la careta ante la comunidad internacional.

El régimen de 2004 ya fue declarado ilegal

La Comisión cree que no existen motivos válidos que justifiquen estas exenciones. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes. La Comisión ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.

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