ALGECIRAS. - De nuevo la sombra de la corrupción se cierne sobre el Puerto de Algeciras, en esta ocasión y según recoge el diario digital La Nueva España, con un posible caso de fraude y exacciones ilegales que fueron denunciadas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras por un empresario, administrador único de la sociedad Ecodragas, SL.

El empresario considera que esta denuncia sobre irregularidades, es similar a las investigaciones que se llevan a cabo en el puerto gijones de El Musel.

Según la información del digital del grupo Editorial Prensa Ibérica, el empresario establece la vinculación entre las actuaciones en los dos puertos, en el hecho de que el adjudicatario, Dique Torres, es el mismo en ambos casos estando el gerente imputado por la Audiencia Nacional por el caso del puerto gijonés. Las obras se desarrollaron hace unos diez años en el Puerto de Algeciras, y la adjudicataria subcontrató determinados trabajos a la empresa Ecodragas, SL, quien denunció impagos. La denuncia está en situación de sobreseimiento al no poder acreditarse las certificaciones de obra ante la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, por lo que el empresario ha pedido la reapertura del caso que le ocupó en Algeciras "para determinar si existe analogía entre los hechos perseguidos, a los efectos de una posible conexión delictiva".

Cobro de comisiones, obras extrañas y "tarjetas black"

Hace unos meses, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se veía envuelta en un turbio asunto de un posible cobro de comisiones a las empresas de servicios, principalmente constructoras, para poder acceder a obras directas en el Puerto.

Como consecuencia de la investigación abierta, la APBA despidió a un trabajador, quedando el asunto zanjado aunque no aclarado del todo. Fuentes cercanas al propio comité por aquellos días, aseguraban que el trabajador despedido solo era "una cabeza de turco". El trabajador despedido podría haber sido contratado en otro puerto de una localidad cercana.

De sobras conocida es la denuncia casi constante de  los sindicatos sobre la privatización de servicios dentro del Puerto, o las "extrañas" obras que se han realizado en los últimos años, una de las cuales consistió en la rehabilitación de un edificio de varias plantas junto a la sede de la APBA, para derribarlo pocos meses después y dejar un espacio que es utilizado actualmente como aparcamiento.

Otra polémica que rodea ahora a la APBA tiene que ver con un descuadre económico que supera los 200.000 euros y que ha sido detectado por Puertos del Estado en relación al uso de tarjetas de un centro comercial de la ciudad, que se entregan a los trabajadores como complemento al sueldo, un caso similar al de las "tarjetas black". Para tapar dicho descuadre, la propia APBA ha propuesto a los representantes de los trabajadores que dicho descuadre lo paguen los propios empleados durante los próximos diez años.