Botafuegos se ha erigido en la prisión de España donde más teléfonos móviles se interviene a sus internos, en concreto 690 teléfonos en los últimos cinco años. El sindicato advierte de que en aquellas prisiones donde se albergan más internos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo es donde más teléfonos se han retirado.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, los teléfonos intervenidos en Botafuegos han sido 93 en el año 2017, 192 en 2018, 138 en 2019, 135 en 2020 y 131 el pasado año.

Teléfonos en miniatura

Con un tamaño aproximado de 47 milímetros x 21 milímetros x 12 milímetros (más pequeño que un mechero) y de unos 13 gramos (menos peso que una moneda de 2 euros) hay un tipo de teléfono miniaturizado en el mercado que permite a los reclusos esconderlos en lugares impensables para cualquier persona, como pueda ser dentro de un hueco practicado al colchón de la cama, en el tacón del zapato, en el interior de un bollo de pan, en el interior de un marcador fluorescente, en el doble fondo de un libro manipulado, en las rendijas de ventilación o en el interior del cuerpo. Con él se pueden hacer llamadas y mandar mensajes de texto y su precio en la calle está sobre los 20 euros.

Son prácticamente todo plástico y tienen pocas piezas de metal, por lo que es sencillo el eludir el arco detector de metales. A este hándicap habría que añadir la falta acuciante de personal para hacer registros más estrictos y exhaustivos, para intervenir los objetos prohibidos, entre ellos los mini teléfonos.

Como solución, la Administración Penitenciaria instaló en Algeciras en 2008, al igual que en otras macro cárceles de alta seguridad, aparatos inhibidores de frecuencia de teléfonos 2G o 3G,. Pero Acaip denuncia que "posteriormente no se han preocupado en hacerles ningún tipo de mantenimiento, por lo que actualmente unos están operativos y otros fuera de servicio por avería y desde que hay 4G y el 5G da igual que el inhibidor esté operativo o no, porque no tiene la capacidad de inhibir a los nuevos terminales".

Estos pequeños terminales están prohibidos porque van contra la seguridad o el buen orden del establecimiento, al ser utilizados por internos pertenecientes a bandas organizadas, tales como narcotraficantes o yihadistas, para seguir dirigiendo sus actividades delictivas desde el interior de la prisión.

Otros lo utilizan para obtener un beneficio económico, pues se venden por un precio que oscila entre 200 o 300 euros o lo alquilan a otros compañeros de internamiento y cuando no se pueden saldar las deudas, vienen los ajustes de cuentas, amenazas, coacciones, peleas, agresiones, entre ellos.

También comporta peligro para los propios funcionarios, porque se hacen llamadas avisando al exterior de los días de trabajo y horarios de entrada y salida. "Desde hace años se ha luchado por parte de los funcionarios de prisiones para evitar la entrada y tenencia de móviles, pero el riesgo es pequeño porque el introducir un teléfono no comporta para el que lo hace ninguna consecuencia y si fuere el interno es una falta grave que se sanciona con privación de paseos entre 3 y 30 días", denuncia el sindicato.

"A nivel judicial y penal, no tiene ningún tipo de consecuencia para nadie. No hay miedo”, lamentan.

Desde Acaip han presentado una queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante "las dificultades para desempeñar nuestra tarea con eficacia mientras esté masificada nuestra prisión, la falta acuciante y continuada de trabajadores, que no se utilicen los medios electrónicos adecuados o que éstos estén obsoletos o fuera servicio".