Entre los detenidos se encuentran seis personas que formaban el núcleo de la organización, con base en Marbella, donde a través de una gestoría oculta en la trastienda de un salón de belleza ofertaban permisos de residencia y trabajo a inmigrantes irregulares asentados en distintos puntos de España.

Las otras 32 personas han sido detenidas en Algeciras, Barcelona, Gijón, Almería, Madrid, Marbella, Albacete y Granada, y posteriormente se les solicitó la revocación de los permisos de residencia obtenidos fraudulentamente, ha informado este jueves la Policía en un comunicado.

La investigación se inició tras ser detectados en Algeciras varios inmuebles en los que se encontraban empadronadas personas extranjeras, y a los que los propietarios de estos inmuebles manifestaban no habérselos arrendado.

Las altas en la Oficina del Padrón de Algeciras se justificaban a través de contratos de arrendamiento simulados, que eran presentados telemáticamente ante la sede electrónica de dicho Ayuntamiento.

Al estudiar los expedientes de regularización de los extranjeros empadronados en esos inmuebles se comprobó que carecían de cualquier tipo de arraigo en Algeciras y procedían todos de domicilios ubicados en la Costa del Sol y Almería.

Además, usaban el mismo sistema en el procedimiento para justificar los medios de vida a través de una empresa ficticia, y eran todos representados por la misma persona ante la Oficina de Extranjeros.

También se descubrió que todos estos extranjeros habían contratado los servicios de un mismo gestor en Marbella, quien ofrecía, a cambio de entre 2.500 y 5.000 euros, la posibilidad de regularizar su situación en España.

El gestor, quien manifestaba ser experto en la materia, aprovechaba la situación de vulnerabilidad para lucrarse de estas personas, que llegaban incluso a vender sus pocos bienes o endeudar a sus familiares en su país de origen para abonar la deuda generada.

Asimismo, el gestor les ofrecía la posibilidad de subsanar los gastos de la obtención del permiso de residencia con el posterior cobro de prestaciones de desempleo, ya que muchos de ellos solicitaban después distintas prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

El entramado compuesto por seis personas, una de ellas de origen magrebí, ofertaba altas simuladas en empresas de Marbella junto a empadronamientos ficticios en Algeciras, con el fin de que los permisos de residencia fueran solicitados en la provincia de Cádiz y no en la de Málaga, donde el cabecilla ya era conocido por las instituciones donde se presentaban este tipo de trámites.

El gestor ofertaba varias modalidades para que los inmigrantes regularizaran su situación, que dependían de qué requisitos de la Ley de Extranjería cumplían, y el eje fundamental era el alta en una empresa simulada de venta al por menor, que controlaba este gestor.

En unos casos, además del alta ficticia, los ponían en contacto con nacionales para constituir matrimonios de conveniencia y en otros casos para demostrar el tiempo de permanencia en España, simulaban certificados de empadronamiento de comunidades como Cataluña, Islas Baleares, País Vasco o la Comunidad Valenciana.

En estas comunidades, al existir cooficialidad de lenguas, estos certificados se expedían en un idioma desconocido por los funcionarios de las Oficinas de Extranjeros, lo que dificultaba su comprobación.

Además, para dificultar la investigación policial, enmascaraban todas las solicitudes a través de las distintas sedes electrónicas, para lo cual utilizó a dos letrados, colegiados en el Colegio de Abogados de Madrid, para que fueran ellos quienes presentaran estos trámites.

Así no levantaban sospechas ante la Oficina de Extranjeros, y se ha comprobado durante la investigación que dichos abogados eran desconocedores de que presentaban trámites con documentación fraudulenta, según el comunicado de la policía.