El ministerio fiscal le acusa de un delito de adoctrinamiento pasivo mediante tenencia de documentos idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista y de otro de daños, y pide para él nueve años de cárcel.

La Fiscalía relata en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado sufrió un proceso de radicalización en la prisión de Botafuegos desde 2018 que le llevó a consumir y difundir "material videográfico" de carácter yihadista.

El acusado -explica- accedía y difundía ese material "a sabiendas y con la finalidad de que era idóneo para el adoctrinamiento y la alimentación de un fundamentalismo ideológico instrumentalizado a desarrollar comportamientos terroristas en el futuro".

Tenía, además, la sospecha de que estaba siendo investigado, y un día vio aparcado en la puerta de su vivienda un coche que pensó que podría tratarse de un vehículo policial. Para corroborarlo, rompió la ventanilla trasera y comprobó que tenía dispositivos de grabación.

En ese momento, continúa la Fiscalía, roció el coche con líquido inflamable y le prendió fuego, unos hechos que fundamentan la acusación del delito de daños.