Hoy, martes, 12 de febrero, se inicia el juicio a los independentistas que protagonizaron el intento de ruptura de Cataluña con España. No hay duda de que los jueces harán su trabajo, pero esto no exime a los políticos de hacer el suyo, aunque estemos en plena tormenta política.

Durante los tres meses que durará el juicio en el Tribunal Supremo la política catalana tendrá su capital en Madrid, pero también debemos tener en cuenta que del resultado de este juicio también dependerá el futuro político de España, su cohesión interna y su prestigio internacional. Así que a pesar del ruido y la furia que rodea el proceso, habrá que ver que delitos se cometieron y quienes lo cometieron. Y luego juzgar en base a derecho.

Por eso, antes de que el juicio se convierta en el tema principal o único de este país, quizá convenga volver sobre la cuestión catalana desde unas perspectivas distintas de las habituales. Me refiero a lecciones que nos está proporcionando el Brexit y que están saliendo a la luz con gran nitidez en estas últimas fases del divorcio británico de Europa.

Lo primero, la gran dificultad para deshacer todo ese conjunto de interdependencias que vertebran a las sociedades complejas entre sí. Como ocurría con la teoría marxista, se sabe más o menos cómo provocar la revolución, pero ignoramos todo respecto al qué hacer cuando esta se ha producido. Es así.

A los británicos como a los catalanes se les vendió una recuperación de su soberanía para a continuación chocarse de bruces con la realidad de las consecuencias derivadas de su decisión. Tan grande ha sido el choque, que una clase política habitualmente experimentada y capaz como la inglesa, anda como pollo sin cabeza para ver cómo resuelve el embrollo. Aquí un tanto peor con personajes como Puigdemont o Torra.

En la cuestión catalana siempre se ha discutido únicamente la primera fase, cómo alcanzar la soberanía o, en la jerga del independentismo, la “desconexión” del Estado. Y el término elegido no es neutral. La idea es sacar a la luz que ese “desacople” significa literalmente eso, que el territorio catalán deja de ser España, pero que la sociedad funcionará después, más o menos como antes. Qué mentira, qué engaño.

Eso sí, han vendido muy bien los posibles beneficios que se derivarían de un autogobierno pleno, como puede ser el cese de los gastos redistributivos a otras regiones. Y, como ha ocurrido con los brexiteros, los efectos menos gratos, o bien se ocultan o bien se asumen, justificando el sacrificio de una sociedad en nombre de su destino histórico. Sin embargo, no se detallan o explican. ¿Para qué?

Pero a algunos británicos les ha encendido y sorprendido por igual que Europa también decida. Y que siempre lo hace y lo hará en su propio interés, salvaguardando su propia cohesión interna y desincentivando movimientos similares. España, en el caso de llegar a esta segunda fase, también haría lo mismo. Normal.

Por todo lo dicho, lo mejor es anticiparse a las peores consecuencias. Por eso deben ser bienvenidas iniciativas como las del Círculo de Economía catalán o la de ayer de Felipe González que, en la misma línea de constitucionalistas y administrativistas, hacen propuestas específicas de reforma de la Constitución. No hay otra que pueda contribuir mejor a sacarnos de la persistente inacción política en esta cuestión.

A los independentistas les vendría bien reflexionar sobre lo que decía la santa española Teresa de Jesús: “Ten cuidado con lo que deseas, porque es posible que se cumpla”.