A estas alturas, nada de lo que conozcamos puede sorprendernos en lo que respecta a corrupción, y más aún tratándose como se trata de la capital de España, lugar que durante las dos últimas décadas ha sido nido de ladrones de guante blanco metidos a políticos y centro de chanchullos de todo tipo, bajo el amparo de administraciones dirigidas por el PP.

Por lo visto, los dos pájaros antes mencionados, allá por marzo de 2020, en lo peor de la pandemia, cuando en este país morían centenares de personas al día como consecuencia de la enfermedad, se montaron una operación al estilo Tomás Ayuso y dieron el pelotazo, con la presunta ayuda del amigo de un amigo de un primo del alcalde, por una de esas curiosas casualidades que se dan en la vida. 

¿Que cómo lo hicieron? Mediando en la adquisición de un lote de mascarillas, test de coronavirus y otros artículos por el que el Consistorio madrileño, a través de una de sus empresas públicas, pagó no ya un precio inflado, sino estratosférico, desorbitado. Material sanitario, y encima defectuoso, comprado con un sobrecoste de hasta un 80 por ciento, por el que la institución municipal desembolsó 11,9 millones de dólares y los susodichos se agenciaron una comisioncilla de algo más de 5 millones. Una módica cantidad con la que no tardaron en comprarse yates, coches de alta gama y algún que otro Rolex, además de pegarse uno o dos viajecillos de ensueño, como los de los anuncios de la ONCE o el organismo de loterías y apuestas del estado, supongo que después de acabado el confinamiento, claro.

Así de sencillo… Eh, voilà! ¡Magia Borrás! ¡Qué listos, espabilados y aprovechados son esta gente de esa jet set española que me parece a mí que madruga bastante poco! Esos personajillos de postín, cuya vanidad se divisa a dos leguas y que hacen del lujo su bandera, que se quejan de los impuestos, al tiempo que se las apañan muy bien para evadirlos, y que, por cierto, todo sea dicho, no es difícil imaginar a quienes votan y por qué.

Digo que esta historia, por desgracia, ya no sorprende, en efecto, pero sí sorprende que la fiscalía anticorrupción hasta el momento solo se haya querellado contra los dos empresarios y no lo haya hecho contra nadie del Ayuntamiento, cuando resulta más que evidente que para que esta lucrativa transacción saliera adelante tuvo que contarse dentro de la administración con un colaborador necesario, ya fuera por acción u omisión.

Desde que saliera a la palestra el caso del hermano de Díaz Ayuso la derecha y sus medios afines, recurriendo a la muy socorrida estrategia de poner el ventilador y esparcir mierda hacia todos los lados, han intentado quitarle hierro a esta clase de asuntillos. (Con el tema referido a la necesidad de aclarar los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, seguro que lo recuerdan, ya les pasó algo de lo mismo y se pusieron a cacarear que había que extender las investigaciones a otros sectores de la sociedad española, como si aquí todos, o casi todos, menos ellos, fuéramos sospechosos de ser unos depredadores sexuales).

El argumento que se han aprendido de memoria y que repiten, para escurrir el bulto en lo que se refiere a indagar en los negocios relacionados con la covid-19, es que en aquellos primeros meses de azote de esta infección, durante los cuales se relajaron los controles en las contrataciones, tanto el Gobierno como las administraciones autonómicas y locales incurrieron en desaguisados y que hay que examinarlo todo de pe a pa.

Puede que no les falte razón y que no esté de más que se proceda de tal modo, como si estuviéramos ante una causa general. Pero, considerando los antecedentes de unos y de otros, me da a mí que los populares deberían ser más prudentes y tener cuidado con lo que desean, porque de momento hay dos casos con diligencias abiertas por parte del Ministerio Público encargado del perseguir delitos y los dos les salpican de lleno.