Es esta la demanda de mucha gente de los pueblos de esa España vaciada que sabe de esto mejor que nadie y reclama la vuelta a prácticas agrícolas y ganaderas más tradicionales, en la medida de lo posible, como única opción viable para aproximarnos a la ansiada sostenibilidad en la explotación de nuestros recursos naturales y asegurar la supervivencia de nuestros campos y sus pobladores. Y es también –por desgracia– la demanda de la que la derecha se ha apropiado para ganar votos, con su acostumbrada impostura, vendiendo gato por liebre.

Esa España vaciada por la que los neoliberales y su parentela jamás se preocuparon lo suficiente cuando ostentaron el poder a diferencia de lo que sí se hizo desde la alternativa socialdemócrata, con planes que evitaron la despoblación de muchas zonas de Andalucía y Extremadura, en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, y que fueron muy denostados, por cierto, desde la oposición de entonces.

Se nos presentan los de PP y Vox, e incluso Ciudadanos, como los adalides de la causa de ganaderos y agricultores, aprovechando que el campesinado siempre ha tendido a dejarse llevar por un ancestral sesgo conservador, pero, en realidad, lo que defienden, y han defendido siempre, es el interés de los grandes propietarios de tierras y no el de los humildes jornaleros, cuyo destino, por lo que parece, les ha importado y les importa un pimiento. En “Los santos inocentes”, el genial Delibes supo retratarlos a la perfección. Y lo malo es que, desde la época del Antiguo Régimen a la que hace referencia nuestro admirado autor vallisoletano en su novela hasta hoy, la clase de los señoritos a la que representan ha evolucionado bastante poco.

Porque sí, son muchos de esos grandes propietarios precisamente los que, para mantener sus trenes de vida y sacar más partido a sus vastas explotaciones, los que se han pasado de la producción ganadera extensiva a la intensiva, que es más rentable en el corto plazo, dejando algo abandonados sus montes, o han puesto sus fincas al servicio de empresas multinacionales del sector cárnico, más preocupadas por la cantidad que la calidad.

El Gobierno de Castilla y León, de la mano de los populares, se ha distinguido más por ponérselo fácil a las macrogranjas –esto es, lo que se ha dado en llamar también “ganaderías industriales”– que por apoyar la producción ganadera a la vieja usanza, y cuando el señor Alberto Garzón criticó con toda la razón del mundo esta deriva de una parte de nuestra ganadería, por los graves perjuicios ambientales que provoca, surgieron voces de airada protesta entre algunos de este país a los que solo les faltó pedir la crucifixión para el todavía ministro de Consumo.

Se lo han montado genial –son inigualables en eso de darle la vuelta a la tortilla o hacer lo blanco negro– y han conseguido que cale en una buena parte de la población menos urbanita la idea de que la culpa de los males de nuestro campo y de las llamas que lo arrasan es de los ecologistas, pero no de la pésima gestión que desde algunas administraciones autonómicas –por ejemplo– se ha llevado a cabo detrayendo de los presupuestos financiación que hace algunos años se destinaba a subvencionar tareas forestales de limpieza y desbroce o la realización de cortafuegos, así como reduciendo el gasto en la prevención y la lucha para que no ardan nuestros bosques.

Pretenden arrastrar sibilinamente a la opinión pública hacia la falsa conclusión de que la crisis en el medio rural es consecuencia de las políticas de izquierda, y muy especialmente, por supuesto, del actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que se ríen del cambio climático. Sin embargo, resulta obvio que este es un problema que trasciende, y con mucho, el marco de la acción estatal, muy condicionada por la denominada Política Agraria Común de la UE, y la verdad es que –por mucho que les pese– solo desde los posicionamientos de los verdes europeos se han puesto sobre la mesa propuestas de solución, algunas de las cuales se han ido aceptando a regañadientes, para disgusto de los mercantilistas, mientras desde otros planteamientos ideológicos lo que se ha priorizado y continúa priorizando es el lucro puro y duro.

Conscientes de la urgencia de la situación, las autoridades europeas, a través de la PAC, han efectuado en los últimos años una apuesta decidida por la ganadería extensiva, como modelo más idóneo para preservar los espacios naturales y sus ecosistemas, entre otras iniciativas implementadas en la misma dirección, y han tomado también cartas en el asunto en cuanto a la emergencia climática en la que nos hallamos inmersos. Por su parte, el Gobierno español lo que ha hecho en tal sentido es apuntarse a ese carro, y con la suficiente convicción, hasta erigirse como el que –probablemente– más ha legislado en pro del mundo agrario y el que más millones ha movilizado con ese fin, algo por lo que no se le debería censurar, sino más bien todo lo contrario.