Y conste que no lo digo como reproche, porque, en mi opinión, la búsqueda de la paz y la concordia en Euskadi era un objetivo que, sin duda, merecía la pena, aunque todavía haya algún que otro malvado a quien le gustaría que en lugar de la normalidad democrática que impera ahora continuaran los secuestros, las bombas y los tiros en la nuca para obtener más votos.

Dicen que es inmoral que Díaz se haya reunido con el expresidente huido de la Generalitat, basándose, por supuesto, en un concepto de la moral bastante espurio, pero consideran que estuvo bien negociar con una organización terrorista, porque era un mal necesario en pro de un beneficio mayor, y, sin embargo, censuran que se hable con un líder político, que es cierto que incumplió la legalidad pero que no ha matado a nadie, que se sepa, con el fin de buscar alternativas para que se pueda superar de una vez por todas el conflicto político de Cataluña y pasar definitivamente página. A mi juicio, desde luego, la inmoralidad sólo está en el cinismo con el que algunos se despachan para legitimar conversaciones con las formaciones independentistas dependiendo de si es el Partido Popular o es el PSOE el que dialoga y acuerda.

Quienes tienen memoria y la emplean recordarán que los más fervorosos de entre los populares pasaron en 1996 de airear aquella proclama insultante “Pujol, enano, habla castellano” a aplaudir que Aznar confesara hablar catalán en la intimidad. Y recordarán también las concesiones que, al amparo del Pacto del Majestic, el por entonces candidato del PP a ser investido presidente del Gobierno hizo a los nacionalistas de Convergencia i Unió. ¡Lo que son las cosas! El único aspirante a convertirse en inquilino de La Moncloa que en su día hizo una defensa sobre la utilidad de los referendos y las consultas populares desde la tribuna del Congreso de los Diputados fue precisamente don Mariano Rajoy en 2006 –ignoramos si porque tuvo un lapsus de los suyos o simplemente porque perdió de forma momentánea la chaveta– y pocos años más tarde, fíjate tú, cuando llegó a presidir el gabinete ministerial, los catalanes le convocaron no uno, sino hasta dos, aunque, eso sí, ilegales. 

Argumentan ahora los que consideran que sería un desastre para el país aceptar las condiciones planteadas por Junts y Ezquerra que la amnistía que ambas formaciones van a exigir para hacer posible un nuevo Ejecutivo de progreso presidido por Sánchez carece de encaje constitucional. Por una de esas ironías que de cuando en cuando suele deparar el devenir de los acontecimientos, lo afirma incluso el expresidente Felipe González, cuya talla política y, sobre todo, intelectual siempre he admirado, pero que, como sabemos, y me duele mucho tener que reconocerlo, no fue capaz de impedir que una parte del aparato del Estado, la policial, se pasara por el forro la Carta Magna, la legislación vigente e incluso los derechos humanos en la guerra sucia contra la violencia etarra que se desató mientras ejerció como jefe del Consejo de Ministros.

Sin embargo, no sé yo de dónde sacan tal conclusión, porque, aunque no soy un experto exégeta ni me leído de pe a pa nuestro principal texto legal, en la Constitución de 1978 no hay un solo artículo que se refiera a ello, excepto el 62 que prohíbe los indultos de carácter general, precepto que el Alto Tribunal encargado de interpretarla ratificó no hace mucho al pronunciarse en contra de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro aprobada y aplicada en 2012.

Mas ello no impide que el poder legislativo pueda regular respecto a una medida excepcional de gracia, que tendría que otorgar el rey, para una situación también excepcional, si, además, lo que está en juego es el acercamiento y el entendimiento entre la ciudadanía de una nacionalidad histórica y la del resto de España. No se ha de olvidar nunca que, como dejara dicho Jesús, “la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley”.