En primer lugar, en lo que se refiere a la presión fiscal. En enero de 2012, era en España de un 33,3 por ciento con respecto al PIB, y el 1 de enero de 2018, de un 35,4 por ciento, de manera que en ese período de tiempo durante el cual Mariano Rajoy estuvo al frente del Gobierno, subió en 2,1 puntos porcentuales. Los mismos 2,1 puntos porcentuales que se ha incrementado desde el 1 de enero de 2018 hasta 2022. Mientras tanto, en la UE, desde 2012 hasta la fecha, la media de ese índice ha rondado siempre el 40 por ciento. Lo que significa que los españoles a lo largo de esos años soportamos menos impuestos que nuestros vecinos europeos, incluso con el supuesto Ejecutivo filocomunista bolivariano de PSOE y Unidas Podemos.

Es cierto que la presión fiscal varía no solo en función de la carga de tributos y tasas que pagan los ciudadanos y las empresas sino también en función del crecimiento o la disminución del PIB, pero ni por esas se libran los populares. Y la excusa de la excepcionalidad provocada por los efectos de la crisis de 2008, que les tocó gestionar a partir de finales de 2011, tampoco les vale, porque ni siquiera después de 2014, con las reformas de Montoro, consiguieron reducirla.

Durante la etapa de don Mariano como presidente, se registraron más de 30 subidas de impuestos. Entre ellas, 5 veces el IRPF, cuatro el de sociedades y los especiales, dos el IVA y el IBI y una el de patrimonio. Los datos lo dicen todo.

Pero, por si lo expuesto no fuera suficiente, vayamos a más. La comunidad de Madrid presidida por Díaz Ayuso, esa que la ultraderecha y la derecha, los conservadores y los liberales, ponen como muestra de maravillosa gestión resulta que es –o lo era hasta no hace mucho– la cuarta región de España  con mayor presión fiscal, solo por detrás de Islas Baleares, Cantabria y Cataluña, según un estudio elaborado por José Félix Sanz, Santiago Álvarez y Desiderio Romero, tres grandes expertos en este asunto, del que daba cuenta un diario tan poco sospechoso de ser de izquierdas como El Mundo en octubre de 2021.

Sin embargo, lo verdaderamente revelador es que una formación política como el Partido Popular, cuyos representantes han presumido y presumen de ser abanderados y paladines de la clase media de este país, cuando gobernaron desde 2011 hasta 2018 a quienes no beneficiaron precisamente con su política fiscal fue a los integrantes de este estrato social.

Si consideramos que las personas que forman parte de la clase media son –y admitimos que la afirmación que sigue es más que discutible– aquellas que perciben unos ingresos anuales de entre 20.000 y 30.000 euros, nos encontramos con que la reforma de 2012, que trajo un incremento del IRPF en todos los tramos, justificado en la necesidad imperiosa de cuadrar las cuentas públicas, supuso un perjuicio para este sector de población con respecto a la etapa de Rodríguez Zapatero. En tanto que la reforma siguiente, la de 2014, para los ejercicios de 2015 y 2016, que se planteó, según el ministro del ramo de por aquel entonces, con el fin de compensar los esfuerzos realizados por los contribuyentes en los dos años anteriores, tampoco trajo consigo una mejora significativa que resarciera a dicho sector de población del menoscabo sufrido.

Echando un vistazo a la evolución del IVA ­–el impuesto más regresivo y perjudicial para los que menos tienen–, constatamos que la incoherencia entre lo que el PP hizo cuando gobernaba y lo que proclama cuando está en la oposición es más que flagrante. No ya solo porque lo aumentó notablemente en 2012 –a pesar de ir prometiendo en cada campaña electoral que reduciría este y todos los demás–, sino porque no lo bajó tampoco cuando lo peor de la recesión causada por la debacle financiera quedó atrás. Tuvimos que esperar a la llegada del actual Gobierno –tan injustamente denostado, en mi opinión, por muchos errores que haya cometido– para ver cambios en este tributo, que se han sumado a las muchas medidas adoptadas –como la eliminación de los copagos en la sanidad, el incremento de las becas, la implantación del Ingreso Mínimo Vital, la recuperación de las ayudas para desempleados mayores de 52 años o los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones, entre otras– con el objetivo de mejorar la vida de la gente, especialmente la que más lo precisa.

La exigencia de que se bajen los impuestos es una cantinela en la que viene insistiendo el Partido Popular como panacea para combatir los males que ahora está provocando la crisis generada por la guerra en Ucrania y sus efectos en los mercados de las energías, los alimentos y otras materias primas, como si nada se hubiera hecho a ese respecto hasta ahora desde el gabinete ministerial que preside Pedro Sánchez, pero la realidad es que no es así. Aparte de la reducción del IVA en la factura de la luz del 21 al 5 por ciento, se han aplicado también rebajas en el impuesto especial sobre la electricidad y se ha suspendido el que grava la producción eléctrica.

Antes de unas elecciones es fácil vender la moto. Todo el mundo, o casi todo el mundo, la compra sin pensárselo mucho, porque a nadie, o casi nadie, le gusta que le toquen los bolsillos. Lo difícil es cumplir con lo prometido cuando se llega al poder y se comprueba que no hay apenas margen para ello. 

Las comunidades autónomas regidas por el PP echan mano de los postulados neoliberales sobre fiscalidad, o al menos hacen alardes de cara a la galería, pero luego se quejan de la falta de financiación que sufren –en algunos casos incluso caen en la dejación de competencias– y no paran de reclamar guita a la administración central del Estado.

Por tanto, no más trolas…