Pero cuando el derecho se utiliza como arma arrojadiza para derrotar políticamente al contrario, valiéndose para ello de la connivencia de jueces y fiscales, que ni son, ni pretenden ser imparciales, sino que se encuentran comprometidos con los intereses de una de las partes en conflicto, se produce la perversión del derecho y del más elemental sentido de la justicia.

Si un juez o fiscal renuncia a su deber de imparcialidad, se pone de parte de un bando y echa por tierra la evolución jurídica. En el imaginario colectivo se ha instalado que con mucha frecuencia se hace uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, para destruir la imagen pública e inhabilitar a un adversario político.

También con mucha frecuencia se combinan acciones aparentemente legales, con el apoyo de medios de comunicación, para presionar al acusado y a sus familiares, de forma que este sea más vulnerable a las acusaciones sin pruebas.

Luego muchas de estas denuncias, basadas en hechos falsos, no prosperan, pero provocan un daño reputacional muy difícil de reparar. En algunas ocasiones estas acusaciones prosperan y terminan en condenas, por las injerencias políticas, no en tribunales inferiores pero sí en las altas esferas de la judicatura.

La instrumentación del derecho con fines políticos es una de las estrategias preferida de la derecha.