“Caso Errejón: Mujeres valientes contra la violencia sexual”.
Y es que este Diputado, acusado por varias mujeres de violencia sexual y machista, sus hechos pudieron ser ocultados desde el momento en que se conocieron -antes de las elecciones generales Julio de 2023- por dirigentes de su coalición Sumar, a fin de evitar daños al Partido.
El gran abanderado del feminismo, del progresismo, de la lucha contra la violencia de género y contra el acoso a las mujeres, ha resultado ser, presuntamente, un auténtico depredador, según denuncias que constan ya en Comisaría.
Y quien ha sido capaz de denunciarlo ha sido una mujer valiente: la presentadora de la 6, Elisa Mouliáa, asegurando tener pruebas y testigos de cuanto ha denunciado. Junto a ella, hay otras ocho mujeres que denuncian hechos parecidos.
Lo que, cabe preguntarse ahora, es cómo pudieron ocultarse esos hechos delictivos por parte de la dirección de Sumar, si es que realmente lo conocían, por denuncias que hicieron llegar cinco mujeres afectadas.
En los próximos días se irán conociendo detalles y hasta el nombre de una Diputada que presuntamente medió con una mujer que pretendió denunciar, y que aquélla intentó reparar el daño que le habría hecho padecer Errejón.
El Código Penal, castiga el delito de Acoso sexual con penas de prisión, y con mayor pena, si de algún modo, el autor se ha prevalecido de su condición de superioridad sobre la afectada. Al igual que el encubrimiento, conlleva aunque más reducida pena de la misma índole.
Me planteo cuántas mujeres estarán sufriendo abusos de esta clase o de otra índole, por personas públicas, que se prevalen de su condición, con cargo a las arcas públicas, y en cambio no denuncian porque por desgracia, necesitan dinero y se están beneficiando del sueldo que se le abonan por padecer estas humillaciones.
Ello recuerda el caso de un Alcalde de una localidad sevillana -condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla-, por delito de malversación de caudales públicos. Trabajaba en el Ayuntamiento una señora de limpiadora y en un año gastó más de 6.000 euros de llamadas desde el móvil oficial. Tras la inhabilitación, hubo de retornar a las arcas públicas ese importe.
En mi opinión, es necesario una valentía en denunciar estos hechos por “personajes” que ostentan cargos temporales, y que piensan son inmunes a cualquier hecho delictivo que realizan, y que en realidad, no son superiores al resto de ciudadanos.
Manuel Gutiérrez Luna