Estimada persona lectora. Vd. dice: “Sr. Fenoy, permítame felicitarle por su artículo. Estoy totalmente de acuerdo con usted hasta que he llegado al renglón donde cita: "la Concertada y la privada son ajenas a la supervisión educativa...". Comentario: Gracias por su comentario. Toca Vd. un buen número de aspectos que requerirían otro articulo o incluso varios.

Sigue Vd diciendo: “Entiendo que tiene usted que contentar a sus superiores políticos con comentarios como este, pero, como inspector de educación que ha sido usted, sabe de sobra que TODOS los Centros Concertados, tienen su inspector de referencia, que se rigen por las normas educativas que se aplican en el resto de Centros Públicos, porque, como califica la normativa, todos son CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.” Consideraciones: Lo que poco aclara más bien distrae, no obstante conviene aclarar las valoraciones personales que VD hace sobre mi persona. Nunca he pretendido, ni he tenido, que “CONTENTAR” a superior político alguno. Afortunadamente los funcionarios pertenecientes al cuerpo de Inspectores de Educación, como todos los cuerpos que conforman la función pública, en nada dependen de los políticos que, transitoriamente asumen la representación de las instituciones públicas. Imagínese Vd. los servicios públicos gestionados por los amiguetes o familiares de los políticos de turno. Este país cuenta con una función pública que mira por el interés general, nunca el partidario. Por ello el empeño de la política de contratar tanto cargo de confianza.

Es cierto que los centros concertados tienen asignados, sobre el papel, inspectores de educación de referencia. Si Vd. conoce una sola actuación de supervisión educativa visitando aulas, cotejando trabajos dicentes, análisis de programaciones didácticas etc. en un centro educativo concertado o privado le agradecería que me informara. El nivel de intervención inspectora en los centros públicos, en ámbitos pedagógicos y financieros nunca se desarrolla en los Centros Concertados. Sigo preguntándome ¿Por qué será? Las contrataciones de personal con dinero publico no se ajustan a principios de publicidad, merito y capacidad… Si de contrataciones se trata la ley de contrato del Estado está en franca contradicción con la arbitrariedad con que se contrata a personal, con dinero publico insisto, a dedo. Esta afirmación no desmerece la valía y profesionalidad de quienes trabajan en los centros privados concertados. Pero es evidente de que si con dinero publico se nutren la contratación debería ajustarse a los principios que regulan la contratación en el ámbito público y de esta forma ser “empleados públicos” De ahí el Estatuto del empleado Público y el Estatuto Docente consecuente, homologaría todas las condiciones laborales y salariales de toda la docencia contratada con dinero público. Y de paso sería innecesario la figura del convenio colectivo, que las administraciones educativas se niegan a cumplir, por ejemplo la paga por años de servicio. ¿Por qué no hay un Estatuto Docente aún, después de 40 años de transición política? Con respecto a que todos los centros están sostenidos con fondos públicos no tengo que aclararle, porque VD lo sabrá, que no todos los patronos o propietarios de los centros concertados se conforman con recibir esos dineros públicos y desarrollan procedimientos que acaban pidiendo más dineros a las familias, además de los que se reciben de la administración pública. Sin que se pueda generalizar, estas prácticas han generado tensiones y denuncias que, con intervención de la Inspección de Educación, se resolvieron siempre a favor de las familias denunciantes.

Cuando Vd. dice: Básicamente, si un Centro Concertado se atreve a sacar los pies del plato, se enfrenta a una herramienta llamada CONCILIACIÓN DE CONCIERTOS, o para que se entienda, cierre del grifo de esos fondos. (Que aprovecho para decir, que en los Centros Concertados, la financiación es bastante inferior por alumno que el de un Centro Público, o de forma muy resumida, en Andalucía hay alumnado de primera y alumnado de segunda, sin hablar de los sueldos de los docentes).

Comentario: En casi 24 años de Inspección sólo he conocido un expediente disciplinario contra un centro concertado. Y sí. He tenido conocimiento de situaciones ilegales que deberían haber supuesto la apertura de ese tipo de expediente y a pesar de informes de la Inspección de Educación los políticos de turno no hicieron nada. Si conoce un solo caso de Centro Concertado al que se le haya anulado el concierto le agradecería que me informara.

Vd dice: Así que le rogaría que no haga demagogia con este tipo de cosas, que algunos como usted y los de su partido, siguen anclados en la España de dos bandos, rojos o azules, Madrid o Barcelona, públicos o concertados,..... Pues Sr. Fenoy, lamento decirle que en el seno de los colegios no hay tales bandos, que todos los maestros y profesores de ambas redes nos vemos como compañeros, que nos levantamos cada día con el único fin de atender a nuestros alumnos lo mejor posible, con unos medios que si son del siglo pasado, burocracia que copan todas las atenciones que se deberían llevar nuestros queridos alumnos y normativas dictadas por políticos desde despachos que la última vez que vieron un pupitre fue en su último día de colegio.

Consideraciones: Vuelvo a trasladarle que las valoraciones negativas personales que VD hace sobre mi persona nada clarifican. No se si Vd me conoce lo suficiente como para escribir sobre si hago demagogia, o “algunos como Vd. y los de su partido siguen anclados…”. De hecho no pertenezco, ni he pertenecido a ningún partido político. Mi afiliación al sindicato anarcosindicalista CNT, en 1974, este año serán 50 años, se ha mantenido en el tiempo ya que en abril de 1989, luego de la sentencia que declaró ilegítimo el congreso fundacional de 1980, el I Congreso Extraordinario de la CNT-CGT (nombre provisional), se decide el cambio de siglas, de CNT a CGT, pasando el nuevo sindicato a llamarse definitivamente Confederación General del Trabajo (CGT).

Sobre lo dicho por Vd de que: “siguen anclados en la España de dos bandos, rojos o azules, Madrid o Barcelona, públicos o concertados,...” le respondo: Mi forma de ver la realidad me confirma que algunos principios deben ser asumidos como tales y mantenerse en el tiempo. En el caso del derecho a la educación y frente al papel que esta representa en la reproducción de las relaciones de dominio y explotación por parte de las élites que el sistema educativo legitima, sigo manteniendo el principio de IGUALDAD. El informe Delors -https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa- de la Unesco, lleva por título “la Educación encierra un gran tesoro”. ¿Por qué sólo algunas clases sociales privilegiadas tienen la llave para disfrutar ese TESORO? Seguro que ni Vd. ni yo podemos dedicar las enormes sumas de dinero que personajes de la alta sociedad dedican para que sus hijas e hijos estudien en las más reputadas instituciones educativas PRIVADAS. Pagar costosas carreras en centros de investigación privados y así generar, no sólo currículos brillantes sino, y sobre todo, codearse con la juventud heredera del poder de sus familias. Poder que sin duda le abrirán las puertas al mundo de los negocios, la realeza, y nunca tendrán problemas de desempleo. Es inmoral que con dinero público, el de todas y todos, las élites de este país se reproduzcan. Urge instaurar una auténtica IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Mientras quienes más tienen puedan pagar más aprendizajes a sus retoños este principio es PAPEL MOJADO. Toda criatura recién nacida debe contar con los medios precisos para que se desarrolle como persona. Ninguna debe partir de posiciones de “ventaja” porque de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad.

Un principio, que emana del ya expuesto, es que los derechos humanos no pueden ser mercancías, que se compran o venden. Deben estar garantizados para todas las personas sin distinción alguna como establece la Constitución Española. Ni la salud, ni la educación, ni la respuesta a la dependencia, del tipo que sea, pueden ser mercancía. No puede haber comercios que negocien con estos derechos. De ahí se deriva que cualquier actuación, para que esos derechos se ejerzan, debe ser de TITULARIDAD PUBLICA. Lo cual no conlleva que sea ESTATAL. Este asunto requeriría algo más de tiempo para desarrollarlo. De momento podría tener sentido que las instituciones que garanticen estos derechos (a la salud, la educación, la dependencia…,) se financien con dineros de todas las personas que conformamos la sociedad y se autogestione por entes de titularidad pública que en su seno conformen CONSEJOS CIUDADANOS.

Con respecto a lo último que Vd. expresa: “Pues Sr. Fenoy, lamento decirle que en el seno de los colegios no hay tales bandos, que todos los maestros y profesores de ambas redes nos vemos como compañeros, que nos levantamos cada día con el único fin de atender a nuestros alumnos lo mejor posible, con unos medios que si son del siglo pasado, burocracia que copan todas las atenciones que se deberían llevar nuestros queridos alumnos y normativas dictadas por políticos desde despachos que la última vez que vieron un pupitre fue en su último día de colegio.” le manifiesto mi acuerdo. Con el matiz, en coherencia con lo anteriormente expuesto, de que toda la docencia (de centros públicos, privados concertados o no) debería tener garantizada la estabilidad laboral, acceder al trabajo mediante procedimientos públicos que aseguren la competencia profesional y trabajar toda en una única red pública (no estatal) autogestionada por las comunidades educativas con fondos públicos. Una utopía sin duda, pero para avanzar hacia la consecución de la JUSTICIA, sirven las utopías.