Algunos contertulios, de forma equivocada, se refieren a la posibilidad de extradición a España. Y ello no puede ser así, ya que, existe a nivel mundial un principio, el de la territorialidad, en virtud de cual, los delitos han de ser juzgados en el país donde se cometieron, si bien y una vez firme la sentencia que se pueda dictar, el condenado puede pedir que el cumplimiento de la pena que se le ha impuesto, pueda ser cumplida el resto en España, al ser nacional de nuestro país.

Las circunstancias del hecho aún no han sido del todo aclaradas, pero lo que parece cierto es que, el Juez tailandés una vez oído el Sr. Sancho, le imputa un delito de asesinato agravado, esto es, con premeditación, y ello, al existir grabaciones que de ser ciertas la fechas, adquirió con anterioridad al presunto asesinato, útiles para el descuartizamiento posterior: sierra, guantes, etc.

La legislación tailandesa en material penal, es bastante más dura que las que se imponen en nuestro Código Penal. Así, y en el caso que comento, en aquel país, la pena de muerte es la que correspondería a un hecho, como éste, si finalmente se trata de un asesinato con premeditación; si bien es cierto que, el rey anualmente suele conmutar estas penas por la de cadena perpetua. En nuestro país en cambio, la pena a imponer sería de entre 20 a 25 años de prisión.

Se plantea a continuación, dónde debería cumplir la pena -reitero caso de ser condenado por asesinato agravado.

La respuesta es que, existen Convenios firmados por España con multitud de países, en torno al cumplimiento de penas de delitos cometidos por españoles en el extranjero, donde se prevé que una vez juzgados puedan ser trasladados a España para cumplir la pena impuesta, pero cumpliendo parte de la pena en el lugar donde se cometió el hecho antes de ser trasladado a España. Así Convenios firmados con la mayoría de países de Sudamérica, Marruecos, Semegal, Emiratos Árabes, y Thailandia, entre otros. Este último se firmó en Bankok el 7 de diciembre de 1983, y publicado en el Boletin Oficial del Estado en 10 de Diciembre de 1.987, siendo ésta la fecha de la entrada en vigor.

En él se prevé la posibilidad de traslado, siempre que no se trate de un delito contra la seguridad interior del Estado tailandés ni contra la familia real. Por ello, el traslado sería viable, una vez sentenciado y cumplido al menos 8 años en prisiones tailandesas, por cierto bastantes deficientes en cuanto a sanidad, hacinamiento de presos y comida a base de arroz diario; sin comparación con las nuestras, donde el preso ha de ser tratado con respeto a la dignidad de su persona, con derechos y con fines de rehabilitación.

Y una vez en España, la penalidad ha de ajustarse al derecho penal español, donde afortunadamente no existe la pena de muerte desde 1.978; tampoco la cadena perpetua, ya que si se compara con la prisión permanente revisable nuestra, tampoco sería de aplicación, ya que ésta se impone a delitos de ámbito terrorista, muerte de dos o más personas, asesinatos de menores de 16 años, entre otros, no siendo éste el caso.

Habría que acudir al mecanismo de la conocida como “conversión de penas”. Se analizará el delito cometido, circunstancias agravatorias en su comisión, y se fijaría le pena a cumplir, por supuesto pudiendo acceder a los beneficios penitenciarios prevista en nuestra legislación: Permisos de salidas, clasificación penitenciaria de tercer grado, que se puede solicitar desde el momento en que el preso ha cumplido ¼ de su condena; y ello le podría permitir acceder a la libertad condicional una vez cumpla los 2/3 o las ¾ partes de la misma.

Es el análisis que a día de hoy existen sobre los hechos y presunta autoría del chef, ya en prisión en Thailandia.