En el resumen del Consejo de Ministros celebrado hoy, el Gobierno se apoya para su decisión en el artículo 149 de la Constitución Española, indicando que dicho punto establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". 

También alude a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la cual reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, estableciendo en su artículo 71 la exigencia de ser "asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

El asunto que se proyecta someter a consulta popular, para el Gobierno, "supera claramente el carácter local y trasciende del puro interés vecinal al centrarse sobre una cuestión de interés nacional de trascendencia constitucional".

"La consulta además sería inconstitucional porque el cuerpo electoral considerado no es el establecido en el bloque de la constitucionalidad, ni la tramitación propuesta la procedente de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por lo que la consulta vulneraría el derecho a la participación política de los andaluces en la que se presenta como una propuesta de consulta municipal", concluye.