Para los que simpatizamos y empatizamos con la causa saharaui el aparente cambio de la política exterior española en lo que se refiere a los tratos con la monarquía alauita y la antigua colonia del Sáhara Occidental ha supuesto una decepción sí, pero no una sorpresa. Hace bastante tiempo –ya lo adelantaba un servidor en uno de los muchos artículos publicados a lo largo de las últimas dos décadas– que la suerte de la RASD estaba más que echada. 

No ha habido ni hay voluntad alguna de garantizar el ejercicio al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui por parte de las principales potencias que dirigen el cotarro internacional –léase Estados Unidos y la Unión Europea– y la única que –no por altruismo, aunque sí por conveniencia– podía haber conseguido que a la aspiración de independencia de la población bereber de este territorio se le prestara atención como para situar el problema en primera línea es la Rusia de Putin, que –por fortuna más que por desgracia– no parece que haya mostrado ambición por intervenir con un mayor protagonismo en esta zona de suelo africano.

Hasta ahora la causa saharaui se ha sostenido en una resolución de Naciones Unidas que la mayoría de los estados de la organización suscribían, sí, pero sin hacer absolutamente nada para lograr su cumplimiento. Es decir, sin convicción ni firmeza alguna, de tal modo que dicha resolución –como tantas otras– no era más que papel mojado, una declaración de cara a la galería, porque –lamentablemente– no hay reino o república en el mundo que no tenga otras prioridades y otras urgencias distintas a esta a las que enfrentarse.

En 2007 el ejecutivo de Madrid, entones presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, acogía favorablemente el plan de autonomía presentado por el gabinete ministerial de Mohamed VI. Con posterioridad, los gobiernos afincados en Washington, Berlín y París –que son aquellos cuyo posicionamiento cuenta con más peso en esta clase de lides– también han dado su visto bueno a esa propuesta de Rabat. La Casa Blanca, yendo aún más lejos, incluso ha reconocido oficialmente la soberanía marroquí. De manera que lo que esta semana hemos sabido sobre la postura de España no puede calificarse como un giro en sí, sino como una reafirmación más bien, y muchos de los que claman al cielo por ello me temo que lo hacen de forma más fingida que real.

La decisión española, que coincide con la tesis amparada desde la UE, considera el plan de autonomía como un punto de partida, no de llegada, y continúa abogando por la negociación de los litigantes bajo el paraguas de la ONU. No es, por tanto, rupturista, ni caprichosa. Está motivada por el deseo de contribuir a que se pueda sacar el contencioso del punto muerto en el que ahora se encuentra y, a la vez, por la necesidad de restablecer el entendimiento más o menos fluido con Marruecos del que dependen tanto familias como empresas y la seguridad por el flanco sur del Viejo Continente.

Después de medio siglo durante el cual la autoproclamada RASD ha existido en una situación de extrema precariedad y habiéndose visto que no se ha producido ningún avance significativo respecto a su estatus, aparte de un reconocimiento simbólico que nunca ha llegado a ser unánime, quizá sea más útil y pragmático para los saharauis explorar otras vías intermedias de solución y aplazar el alcance de su objetivo. Los miles de personas que sobreviven en los campamentos de refugiados de Tinduf, y que actualmente son rehenes de los encuentros y desencuentros argelino-hispano-marroquíes, merecen una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y trabajar por construirse un futuro de paz, libertad y prosperidad.

En un gesto más que loable el Frente Polisario renunció en su día al uso de las armas y optó por perseverar y resistir pacíficamente, al menos hasta noviembre de 2020, en que, colmada su paciencia, rompió el alto el fuego, tras un ataque del ejército marroquí en el paso fronterizo de Guerguerat. A partir de ahí, se han sucedido y se suceden escaramuzas entre uno y otro bando en una situación de guerra, sin apenas cobertura mediática, que, mucho me temo, va a dejar poco lugar para el heroísmo y la épica y solo va a servir para que el cruel e injusto desplazamiento del grueso de la población saharaui fuera de su tierra se prolongue otros cincuenta o cien años, si no se le pone remedio.

Afirma Aznar que en lo que se refiere a este asunto Sánchez ha cometido un error, y puede que esté en lo cierto. Son tales las circunstancias, que en este terreno es mucho más fácil equivocarse que acertar, pues no había ni hay opción que no incluya su particular trampa. No obstante, y ya que lo tiene tan claro, yo sugeriría al expresidente popular que en la campaña de las próximas elecciones se vaya con los de su partido a explicar el cuento a los ceutíes, a los melillenses y a los canarios, que seguro que se lo agradecerán.