La justicia se vio forzada a lidiar con un asunto político y le quitó de encima el problema a Mariano Rajoy, que demostró su incapacidad para resolverlo.

Rajoy, cuando el problema creció, lo desvió al poder judicial. Agravó un conflicto que debió haberse resuelto de otra manera y contribuyó con ello a ahondar la brecha que existía en la sociedad catalana.

Más tarde se demostró que no hubo delito de sedición o de rebelión. Pero una mayoría exigía un castigo ejemplar. El derecho a veces vale para un roto o un descosido, aunque su instrumentalización pueda producir efectos muy nocivos.

El modelo actual de elección de los altos magistrados se encuentra en crisis. Las fuerzas políticas mayoritarias no se entienden y las asociaciones profesionales de jueces, la mayoría conservadoras, aspiran a ser ellos quienes corten el bacalao.

Existen intereses partidistas, pero ¿son sólo esos los intereses? Muchos nos preguntamos cuál sería la fórmula para garantizar la independencia judicial.