En nuestro país, y en concreto, en el Campo de Gibraltar, residen legalmente, extranjeros de diversas nacionalidades; y si bien los nacionales de la Unión Europea, pueden ejercer su derecho al voto en las Elecciones al Parlamento Europeo y las Municipales, no se les reconoce en cambio derecho alguno a los nacionales extra-comunitarios, con la excepción de los supuestos en que, haya un Acuerdo con el país de su nacionalidad.

Y lo curioso de este asunto es que España tiene suscritos Convenios con países como Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, cuyos nacionales residentes podrán ejercer su derecho al voto en el lugar de su residencia legal en España, anunciando con antelación suficiente su pretensión de ejercer tal derecho.

En cambio, personas que llevan residiendo años en esta zona, como son los naciones de China o Marruecos, carecen de tal derecho, y ello pese a que este último país, en su Constitución de 2.011, permite el derecho al voto en Elecciones Municipales a residentes legales en dicho país, entre ellos a los españoles.

Y desde mi punto de vista, supone una grave discriminación. La negación de los derechos políticos a personas que viven en el país desde hace años, trabajando, formando familias y pagando sus impuestos, contradice los valores básicos de la democracia. Baste recordar que, hace más de doscientos años, la independencia norteamericana se inició con el lema, “no hay impuestos sin representación”. Se les exige el cumplimiento de normas, si bien no pueden decidir sobre quién ha de representarles.

El hecho de que unos extranjeros puedan votar y otros no también genera ahora mismo una asimetría participativa. Si en un barrio donde hay ciudadanos rumanos, ecuatorianos y marroquíes, los dos primeros participan en las elecciones y los terceros no, el candidato prestará más atención a los que votan.

En concreto, en Algeciras, residen legalmente más de 7.000 ciudadanos marroquíes y que no pueden ejercer su derecho al voto, ante la falta de Acuerdo de España-Marruecos que permita el ejercicio de tal derecho; urge la creación de ese Acuerdo, ya que son miles de ciudadanos marroquíes que esperan se promulgue dicha norma y poder ejercer tal derecho político, en igualdad de condiciones con el resto de países con los que España mantiene ese tipo de acuerdos.

La nacionalidad, ya no puede ser el principio en el que se anclen derechos políticos básicos, y menos en la esfera municipal. La asignación de representantes en cada municipio o en el Senado se incrementa o no, en función del número de personas que viven en él. Si en zonas con inmigración incrementamos el número de representantes porque hay cierto número de empadronados, que pagan su basura, su alumbrado, sus impuestos, y luego resulta que no pueden elegir a los representantes que se han incrementado por su presencia, es injusto. No puede limitarse a algo como la nacionalidad, que es propio de una concepción del Estado y la política que está siendo superada ya por la globalización.