Y ante esta denuncia se ha actuado de forma rápida por parte del responsable municipal alicantino, acordando la creación de una comisión de investigación para dilucidar si pudo registrarse alguna anormalidad en el desarrollo del proceso que hubiese beneficiado a familiares de los antes citados.

Y es loable que se lleve a cabo esa indagación, y actuar en consecuencia, caso de que se llegue a detectar algún tipo de irregularidad en el desarrollo de las pruebas, debiendo incluso acordarse la suspensión de las mismas, y su repetición, con tribunal distinto del que actuó, sin perjuicio de las responsabilidades en el ámbito penal.

Este tipo de oposiciones que se llevan a cabo por parte de las administraciones locales suelen ser opacas, en cuanto se realizan de forma escrita y carentes de control en cuanto a la corrección de exámenes y sobre todo en la designación del tribunal que ha de juzgar a los más capacitados para obtener una plaza en esos órganos municipales.

Existe una desconfianza generalizada en la ciudadanía de las ofertas de plazas en el ámbito local, al considerar que las mismas ya están adjudicadas de antemano, pese a la convocatoria que se hace en forma, para dar apariencia de legalidad. Y esa creencia ha de desterrarse, con criterios de claridad y transparencia en el desarrollo de las respectivas pruebas y selección.

Dependiendo del tipo de plazas que se oferten -entre otras, administrativos, letrados o policías locales, como en el caso de Alicante-, habría que poner el punto de atención en quién nombra al tribunal y si los mismos tienen cualificación para llevar a cabo la selección que se les encomienda, ya que, si se encarga una selección a personal no preparado para la evaluación, entiendo habrá responsabilidad por parte del responsable municipal que le designa; y sobre todo, qué participación ha podido tener cada miembro del tribunal en el desarrollo del proceso y la inexistencia de filtración de preguntas.

Junto a ello, una cuestión no menos importante: La cadena de custodia de los exámenes. Al ser escritos -no orales, con público-, quién fue el encargado de conservar esas pruebas, y descartar una posible adulteración de los resultados; esto es, que la persona que debe custodiar las respuestas, no pueda llevar a cabo un cambio de lo escrito en la oposición por otro hecho con posterioridad.

Y, por último, que no exista una intervención política en la selección.

La claridad e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos interesados en obtener una plaza en la Administración Local, debe primar, ya que, en otro caso, se está dando paso a la arbitrariedad en la selección de personas para un puesto, en perjuicio de otras, que demostrando su preparación, no pueden acceder, al predominar el enchufismo en la adjudicación de plazas; y que se valore la valía y preparación de cada uno de los opositores, y no otros méritos que nada tienen que ver con lo que es materia de selección.

Hay que poner en valor este tipo de selección, y conseguir atraer a los mejores, que son quienes prestarán servicio a los ciudadanos; con tribunales designados absolutamente independientes y sin vinculación con familiares de aquéllos que opten a acceder al empleo público.

Mi consideración al Ayuntamiento de Alicante, por la valentía en averiguar posibles anomalías en la selección de personal, y que se dé a la opinión pública una respuesta clara, y ello servirá para que los ciudadanos empiecen a creer en la pulcritud de esas oposiciones.