Vemos en muchas ocasiones cómo grandes empresas europeas, fabrican sus productos fuera de la CE, en países pobres, subdesarrollados, y a quienes para ellas trabajan, les dan un salario escasísimo, con muchas horas de trabajo.

         Es el trabajo forzoso, al que se ven abocados multitud de personas, que lo aceptan en contra de su voluntad para poder sobrevivir; y entre ellos inmigrantes, refugiados, mujeres y menores, y que son víctimas de la situación. Sigue siendo un problema mundial, que requería de una reglamentación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en el mundo hay alrededor de 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso, de las cuales 3,3 millones son niños.

         El 12 de Diciembre actual, se ha publicado el Reglamento del Parlamento Europeo, por el que se prohíbe comercializar los productos fabricados por esas personas en situación de vulnerabilidad, en la Unión Europea, con sanciones altas, caso de incumplimiento.

         Se prevé la investigación en esos países del incumplimiento del Reglamento, que contendrá información verificable y actualizada periódicamente sobre las zonas o productos que presenten riesgo de trabajo forzoso, procedente, por ejemplo, de organizaciones internacionales, autoridades cooperantes o denunciantes.

         Mi deseo es que, se activen todos los mecanismos para hacer cumplir esta legislación, ya que irá en beneficio de todos aquellas personas que lo vienen padeciendo; y que las empresas que utilizan este tipo de mercado laboral, se adapten al normal cumplimiento de sus obligaciones laborales.