Los fijos discontinuos y su trampa

Hecha la ley, hecha la trampa. Este refrán vuelve a la actualidad con toda su fuerza tras la aplicación en toda su extensión de la reforma laboral aprobada por el Gobierno socialista. El objetivo de la citada reforma no es otro que reducir la elevada temporalidad del mercado laboral español -de un 13% en la UE, del 26% en España y hasta de un 40% en sectores como el turismo, según datos de CCOO.

El Gobierno ha intentado con la reforma acabar con el abuso del contrato eventual, que ahora queda reducido a la mínima expresión y fomentar la contratación indefinida. Desde el 1 de abril no se pueden realizar contratos de obra y servicio, donde radicaba el fraude fundamentalmente con contratos por meses que se podían llegar a alargar años, incluso hasta una década.

Sin embargo, este contrato lejos de desaparecer lo que ha sucedido es que ha mutado a la modalidad del fijo-discontinuo, del que se empieza a tirar demasiado con condiciones de trabajo de dudosa legalidad.

Con este contrato, aunque sea por cuatro meses, la relación contractual con la empresa se mantiene aunque no se esté en período de actividad. Por tanto, a efectos estadísticos baja la temporalidad y el desempleo pero a efectos prácticos esos trabajadores están parados largos períodos de tiempo y no por voluntad propia. La estadística dirá que están trabajando pero seguirán parados sin ser su voluntad. Es una forma de maquillar a los parados.

Las propias ETT, que veían peligrar su negocio con la reforma, se han refugiado en los fijos discontinuos y lo que han hecho es crear bolsas de trabajadores con este contrato y de los que van tirando según las necesidades de las empresas. ¿Están activos? Sí. ¿Tienen contrato? Sí ¿Es esta una fórmula laboral satisfactoria para el trabajador? No, porque sigue a expensas de ser llamado cuando hay demanda y tanto su condición como sus retribuciones salariales varían sin poder hacer una planificación de vida.

A esto hay que añadir el abuso de las jornadas parciales, que están creciendo y en la mayoría de los casos contra la voluntad del trabajador.

Así que se puede decir que la reforma sí ha servido para mejorar la situación de algunos trabajadores pero siguen dándose situaciones de abuso y fraude que obligan al Gobierno a extremar la vigilancia a través de la Inspección de Trabajo, como ha indicado la propia ministra de Trabajo. El problema es, como siempre, que hay pocos efectivos y que, rastrear todas las pequeñas empresas que es  donde se da fundamentalmente el problema, es una labor imposible.