El foco de discusión y polémica del decreto de ahorro energético impuesto por el Gobierno al sector privado se ha puesto en las luces de los escaparates y la obligatoriedad de apagarlas a las 22 horas. Sin embargo, este no es el punto más preocupante de la norma.

Los propios comercios, movidos por la necesidad de rebajar sus facturas eléctricas ante el fuerte de la luz en los últimos meses, ya habían aplicado medidas de reducción del consumo. Cosa aparte son las zonas turísticas, que se verá si finalmente se aplica alguna excepcionalidad para estos comercios y sus escaparates, que tienen unos horarios distintos a los de las ciudades residenciales.

El verdadero problema del plan son las exigencias que se imponen al pequeño comercio, que no sale de una para entrar en otra. Tras dos años de pandemia y una caída de sus ventas que ha llegado a superar el 50%, el sector sigue sin recuperarse. Ahora se enfrenta a una nueva crisis, que ya empieza a asomarse al consumo como consecuencia de la inflación.

Y el Gobierno, lejos de anticiparse a la previsible contención e incluso caída de las ventas (el propio Banco de España ha advertido de que el enfriamiento del consumo crecerá en los próximos meses), aprueba un decreto en el que obliga al comercio a realizar inversiones y desembolsar un dinero que muchos de ellos  no tienen.

El decreto obliga por ejemplo a la instalación de puertas automáticas, cuyo coste supera los 3.000 euros y no recoge ningún tipo de ayuda o subvención.

Son muchos los comercios que han cerrado  desde el año 2020 con la pandemia  y hay muchos que están en la cuerda floja. Con este tipo de medidas flaco favor se hace a un sector que emplea a más de dos millones de personas y que supone el 13% del Producto Interior Bruto de España.