En una nota, Jucil ha señalado que esta demanda "cobra especial relevancia tras las manifestaciones de hace algún tiempo por el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, que señaló la existencia de una cierta cultura que presiona a los agentes de la autoridad a que no utilicen las armas".

Para la asociación, "un falso principio de proporcionalidad ha llevado a la situación actual en la que los guardias civiles dudan de usar las armas con las que están dotados ante ataques cada vez más violentos y furibundos".

"Los guardias civiles necesitamos tener claro cuándo, en defensa de la vida de los ciudadanos o de nuestra propia vida, podemos hacer uso de las armas frente a las muestras de violencia que soportamos", ha manifestado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, que ha añadido que "lo ocurrido a bordo de la barca arrollada por narcotraficantes en Barbate es un trágico ejemplo de estas circunstancias".

Así, ha señalado que Jucil, "que protege los derechos laborales de los guardias civiles, reclama una legislación que defina con claridad cuándo es conveniente recurrir a las armas en defensa de los ciudadanos o de nuestra propia vida".

PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS DETENIDOS EN BARBATE

Jucil ha asistido, como acusación particular en representación de la familia de uno de los fallecidos, a las declaraciones que han tenido lugar en el Juzgado de Barbate por parte de los agentes que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas en Barbate el pasado 9 de febrero.

En este sentido, ha indicado que estos testimonios "ratifican lo que esta asociación denuncia desde hace años, la absoluta precariedad con la que los guardias civiles luchan contra unas mafias del tráfico de drogas y de personas que actúan cada vez con mayor desparpajo ante la falta de una respuesta firme y contundente".

"Es esencial que se dote a las fuerzas de seguridad de los recursos adecuados, desde chalecos antibalas a embarcaciones, helicópteros de última generación y cámaras unipersonales de grabación para garantizar su seguridad y eficacia en el desempeño de sus funciones", ha dicho Ernesto Vilariño.

Asimismo, Jucil ha afirmado que considera que los ahora detenidos, cuya narcolancha según el informe de la UCO de la Guardia Civil no fue la que embistió a la barca en la que viajaban los guardias civiles, "deben de seguir en prisión preventiva ya que, si bien no serían responsables del asesinato, sí se les acusa de otros delitos graves como contrabando y pertenencia a una organización criminal".

"Queremos destacar además la profesionalidad de los compañeros que han elaborado el informe y que han demostrado así la imparcialidad y objetividad con la que llevan a cabo su trabajo los guardias civiles", ha precisado Vilariño.

PROFESIÓN DE RIESGO

Asimismo, la asociación ha aprovechado su presencia en Barbate para reclamar de nuevo la declaración de profesión de riesgo para los guardias civiles. "Es necesario reconocer la profesión de la Guardia Civil como de alto riesgo y garantizar una mayor protección para quienes la ejercemos", ha declarado Vilariño, que ha recordado que la asociación ha propuesto que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados investigue las posibles responsabilidades políticas derivadas de la escasez de medios humanos y materiales para hacer frente a situaciones como la ocurrida en Barbate.

"Se requieren cambios legislativos que otorguen una mayor protección jurídica a los guardias civiles y policías nacionales en su labor y permitan la persecución efectiva de los delitos relacionados con el crimen organizado", ha afirmado Vilariño, que ha añadido que "se requiere que, de una vez, sin más promesas incumplidas, toda el área del Estrecho comprendida en el denominado Campo de Gibraltar se declare Zona de Especial Singularidad, para que los agentes que trabajan en ella cuenten con un complemento que compense las duras circunstancias personales y familiares en las que ahora desarrollan su trabajo".