La mancha de corrupción que salpica a la clase política ha tenido en Algeciras una de sus principales ramificaciones a pesar del extraño silencio que reina en los medios de comunicación. Diego Sánchez Rull, Angelines Ortiz, Juan Antonio Palacios y Tomas Herrera, todos ellos miembros destacados del PSOE de Algeciras, están a las puertas de ser juzgados por tres casos de corrupción.

En total, los casos que afectan a la formación socialista suman casi 30 millones de euros defraudados.

Caso Madeja

El mas mediático es el que afecta al exalcalde socialista Diego Sánchez Rull, imputado por delitos de prevaricación, cohecho y fraude a las administraciones públicas, dentro de la trama que investiga el supuesto cobro de comisiones por obras adjudicadas a la empresa Fitonovo, y que asciende casi 300.000 euros.

Este caso, cuya pieza separada, la cuarta, se denomina "Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales II (Ayuntamiento de Algeciras)”, está en fase de calificación por parte del Ministerio Fiscal y pendiente de fecha de juicio, aunque fuentes consultadas apuntan a que podría celebrarse a principios de 2019.

Hace escasas semanas se conoció que Diego Sánchez Rull había logrado ser colocado en el Puerto de Algeciras, mas concretamente en la estiba, lugar donde trabaja precisamente, el secretario local actual del PSOE, Juan Lozano.

Bahía Competitiva

El menos conocido, pero el que mayor montante económico podría haber defraudado, es el denominado “Bahía Competitiva”, donde se encuentra imputada la ex secretaria del PSOE de Algeciras, Angelines Ortiz, cuando ocupaba el cargo de delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Este caso, que se instruye en el Juzgado Nº 5 de Cádiz por parte de la titular Lourdes del Rio, investiga la trama de corrupción en torno al programa “Bahía Competitiva”, de ayudas a la creación e instalación de empresas en el polígono industrial ‘La Palmosilla’, en Alcalá de los Gazules. En total, se busca el destino de mas de 25 millones de euros procedentes de los fondos de reindustrialización.

Ortiz se vio obligada a dimitir de su cargo de secretaria local del PSOE en septiembre de 2016, después de que Horasur publicara una información en la que se desvelaba la contratación de Ortiz en el Centro Avanzado de Teconología Aeroespacial, organismo dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, precisamente el órgano del que era Directora General, la propia Ortiz, antes de ser cesada por la presidenta Susana Díaz  tras la remodelación realizada en julio de 2015.

Escalinata

El otro caso que afecta a dirigentes socialistas es el Caso Escalinata, con fecha de juicio para el próximo mes de junio, y que sentará en el banquillo a los exalcaldes Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera.

El Fiscal del caso, en su escrito de acusación, pide penas de inhabilitación de 10 años para los responsables políticos encausados por supuestos delitos de prevaricación continuada, además de una indemnización conjunta de 1,55 millones de euros, de la que respondería de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Algeciras.

En total, los tres casos suman casi 30 millones de euros entre fraudes, comisiones cobradas ilegalmente y perjuicios causados, y todo en un corto espacio de tiempo en el que el PSOE gobernó la ciudad entre los años 2003 y 2011, periodo que coincidió con los gobiernos en Mancomunidad, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central, y que ayudaron a que los entramados supuestamente delictivos pudieran consolidarse durante años.